RedacciónLa Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y dos de sus funcionarios, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de secuestro. Los imputados enfrentan cargos por el secuestro agravado en 2021 de dos precandidatos de Morena, a quienes obligaron a renunciar a sus aspiraciones para imponer a un operador leal al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los otros dos funcionarios sometidos a proceso son Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro municipal, y Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila. El Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) les formuló la imputación formal. Durante la audiencia inicial, la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá hasta el próximo martes.
De acuerdo con el pliego de consignación al que tuvo acceso este medio, los tres imputados son señalados como responsables del secuestro ocurrido el 24 de marzo de 2021 en el restaurante “La Posta” en Tequila. Las víctimas identificadas son los entonces precandidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez.
El expediente detalla que Diego Rivera Navarro, Juan Gabriel Toribio Villarreal y Juan Manuel Pérez Sosa planearon y ejecutaron el levantón de los dos aspirantes políticos con el fin de obligarlos a renunciar a la contienda por la candidatura municipal. El objetivo, según la Fiscalía, era “impulsar a Juan Gabriel Toribio”, quien, una vez en la posición, “le garantizaría lealtad a Diego Rivera y al Cártel Jalisco Nueva Generación, con quien tenían una estrecha relación”.
Una vez privados de su libertad, “se les obligó a firmar su renuncia a la candidatura”, un hecho que, de manera inusual, fue “testificado por un notario de Jalisco, que trabajaba bajo las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación”, según señala el documento ministerial. Este dato sugiere la infiltración de la estructura criminal en instituciones legales y notariales del estado.
Adicionalmente, los cargos por secuestro agravado también alcanzan a Diego Rivera y a Juan Manuel Pérez Sosa por un hecho distinto. Se les acusa de ordenar el secuestro de dos comerciantes en Tequila, quienes se negaron a pagar una extorsión para poder continuar con la venta de sus productos. Este delito no incluye a Toribio Villarreal.
Durante la audiencia celebrada este domingo, Diego Rivera Navarro se reservó su derecho a declarar, una estrategia legal común en esta etapa del proceso. Su equipo de defensa, al igual que el de los otros dos imputados, argumentó la necesidad de más tiempo para preparar su caso, logrando que el juez de control concediera la duplicidad del plazo constitucional para la etapa de investigación complementaria. Por ello, la resolución sobre su vinculación a proceso y la medida cautelar definitiva (que ya es prisión preventiva oficiosa por ser delincuencia organizada) se pospuso para el martes 25 de marzo.
La FGR recordó en su comunicado que las detenciones se realizaron la semana pasada en Jalisco como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con autoridades federales y estatales. Asimismo, la institución aclaró que “a las personas mencionadas en este comunicado, se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.
Los cargos presentados por la FEMDO pintan un cuadro de infiltración criminal a nivel municipal, donde la autoridad local habría utilizado el aparato de seguridad pública (a través de su director) y el de control territorial (a través de catastro) no sólo para extorsionar, sino para manipular procesos políticos internos mediante la violencia y el secuestro, actuando en beneficio y bajo las órdenes de una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
El caso se enmarca dentro de la “Operación Enjambre”, que ha resultado en la detención de más de 60 funcionarios públicos en los últimos meses. La próxima audiencia del martes será crucial para determinar el curso formal del proceso penal en contra del alcalde y sus colaboradores.
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