Filiberto Cruz MonroyLa Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la extinción de siete organismos autónomos, como parte de la reforma constitucional propuesta por el gobierno de Morena. La iniciativa, que había sido presentada como el Plan C de reformas constitucionales, incluye la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Coneval y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Con 347 votos a favor de los diputados de la mayoría oficialista y 128 en contra de la oposición, se concretó la medida que provocó fuertes debates sobre sus implicaciones para la democracia y la rendición de cuentas en México.
El dictamen de la reforma plantea una reestructuración profunda del aparato estatal, transfiriendo las funciones de los organismos eliminados a diversas secretarías del gobierno federal y a nuevos entes gubernamentales. Así, el INAI será absorbido por la Secretaría Anticorrupción; la CNH y la CRE pasarán a la Secretaría de Energía; el Coneval será transferido al Inegi; el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Cofece a la Secretaría de Economía; y el IFT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con algunas de sus funciones también asignadas a la futura Agencia para la Transformación Digital. Esta reestructuración ha generado un amplio debate sobre la eficacia de la centralización de estas funciones y su impacto en el ejercicio de derechos fundamentales.
Los legisladores de Morena, el PT y el PVEM celebraron la aprobación de la reforma, calificándola como el fin de lo que consideran estructuras «neoliberales» que, según ellos, respondían a intereses privados y no al bienestar público. Olga Sánchez Cordero, exministra y actual diputada, defendió la reforma argumentando que disminuirá los costos excesivos para el erario público, y que el nuevo modelo institucional permitirá lograr un equilibrio entre libertad comercial y derechos ciudadanos, similar al modelo que existió entre 1992 y 2013, durante los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Sánchez Cordero añadió que la reforma busca reducir las duplicidades de funciones y asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Por otro lado, los legisladores de la oposición, incluidos los del PAN, PRI y MC, rechazaron enérgicamente la reforma, advirtiendo que la desaparición de estos organismos autónomos representará un grave retroceso en términos de derechos humanos, democracia, libre competencia y rendición de cuentas. La reforma fue vista por estos partidos como una medida que afectará las relaciones de México con sus socios comerciales en América del Norte, especialmente con Estados Unidos y Canadá, que han expresado preocupaciones sobre el impacto en el cumplimiento de las obligaciones bajo el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) calificó la medida como una «herencia maldita», mientras que Noemí Luna (PAN) subrayó que el gasto de estos organismos no representaba ni el 1% del presupuesto nacional, sugiriendo que la motivación detrás de la reforma era más política que económica.
La propuesta de eliminación de los órganos autónomos también fue respaldada por los legisladores de Morena con el argumento de que no se justifican los «gastos excesivos» y las «duplicidades» en el gobierno. Ricardo Mejía, del PT, explicó que la reforma salvará los derechos esenciales, como el acceso a la información y la protección de datos personales, pero ya no de la mano de un INAI que, según él, se había convertido en un «ariete de la derecha contra la Cuarta Transformación». En su intervención, Mejía afirmó que la reforma garantizará la transparencia y la regulación contra prácticas monopólicas, a través de diversas secretarías y la futura Agencia para la Transformación Digital, lo que permitirá un control más eficiente y centralizado de estas funciones.
Uno de los puntos de mayor discusión ha sido el impacto que la eliminación de estos organismos autónomos tendrá sobre la transparencia y la regulación del mercado en México. La oposición teme que al concentrar las funciones de la Cofece y el IFT en la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, se pierda la autonomía necesaria para garantizar una competencia justa en sectores clave como las telecomunicaciones, la energía y los mercados financieros. Sin embargo, los proponentes de la reforma aseguran que las funciones de regulación y supervisión continuarán, solo que ahora estarán más alineadas con las políticas del gobierno federal, lo que, en su opinión, permitirá un control más eficiente y centrado en el bienestar social.