Filiberto Cruz MonroyLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) que mantiene suspendidas las actividades relacionadas con la elección judicial del próximo 1 de junio de 2024. Esta medida impide la continuación de los trabajos para seleccionar a los aspirantes a cargos de jueces, magistrados y ministros.
La decisión de la Corte fue respaldada por los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loretta Ortiz, y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Posteriormente, la SCJN confirmó a través de una tarjeta informativa que cumplirá con la orden dictada por la jueza sexta de Distrito en Materia Administrativa en Zapopan, Jalisco, María Gabriela Ruiz Márquez, quien otorgó una suspensión definitiva contra el proceso de selección de candidatos judiciales.
En cumplimiento de esta orden judicial, el Comité de Evaluación del PJF, integrado por Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, Hortencia María Emilia Molina de la Puente, Luis Enrique Pereda Trejo y Wilfrido Castañón León, publicó un acuerdo que oficializa la suspensión del proceso. Esta decisión fue tomada de manera unánime.
Sin embargo, la ministra Lenia Batres solicitó al pleno de la SCJN la destitución de los integrantes del Comité de Evaluación, argumentando que excedieron sus facultades al suspender unilateralmente el proceso de selección de candidatos. Batres sostuvo que esta acción vulnera el proceso democrático al detener la preparación de la próxima elección judicial.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) apoyó la suspensión, señalando que existen problemas logísticos, un recorte presupuestal al INE, y la complejidad del modelo de votación, lo cual pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. La Jufed advirtió que estas condiciones podrían generar irregularidades electorales como el acarreo de votantes, la compra de votos y la desigualdad en la participación electoral.