RedacciónLa Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este miércoles los argumentos sobre si la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular o temporal, se ajusta a la Decimocuarta Enmienda posterior a la Guerra Civil y a una ley federal de 86 años de antigüedad. El caso sobre la ciudadanía por nacimiento en la Corte Suprema representa la confrontación más significativa en décadas sobre la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía, luego de que todos los tribunales que han examinado el asunto declararan ilegal la orden y suspendieran su entrada en vigor.
La primera frase de la Decimocuarta Enmienda, conocida como la Cláusula de Ciudadanía, establece que son ciudadanos de Estados Unidos “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”. El caso que se presenta ante el tribunal proviene de Nuevo Hampshire, donde el juez federal Joseph N. LaPlante dictaminó que la orden “probablemente viola” tanto la Constitución como la ley federal. El núcleo del debate gira en torno al significado de la última frase sobre “sujetas a su jurisdicción”, un concepto que también se utilizó en las leyes de ciudadanía promulgadas en 1940 y 1952.
La orden ejecutiva, titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, sostiene que las personas que se encuentran en el país de forma ilegal o temporal no están “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, sus hijos nacidos en territorio estadounidense no tienen derecho a la ciudadanía. Esta postura, respaldada por algunos juristas conservadores, contradice la interpretación predominante que ha prevalecido durante más de un siglo, según la cual la ciudadanía por nacimiento se aplica a casi todas las personas nacidas en el país, con excepciones limitadas para hijos de diplomáticos extranjeros y ejércitos invasores.
El procurador general D. John Sauer, encargado de defender la postura del gobierno, ha instado al tribunal a utilizar este caso para aclarar lo que considera “ideas erróneas muy arraigadas sobre el significado de la Constitución”. Sauer comparó el caso con decisiones trascendentales como Brown contra la Junta de Educación (1954), que ilegalizó la segregación escolar, y el caso Heller (2008), que declaró el derecho constitucional a poseer armas para autodefensa. Esta comparación subraya la magnitud del cambio que la administración Trump busca imponer en la interpretación constitucional.
Por el contrario, la jueza Sonia Sotomayor calificó el intento del gobierno de defender la orden como “una tarea imposible a la luz del texto constitucional, la historia, los precedentes de este Tribunal, la legislación federal y la práctica del Poder Ejecutivo”. Sotomayor se unió a los otros dos jueces liberales en una opinión disidente respecto a una decisión previa de los seis jueces conservadores del tribunal, quienes utilizaron una ronda anterior de la disputa sobre la ciudadanía por nacimiento para limitar el uso de órdenes judiciales de alcance nacional por parte de jueces federales.
La decisión de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento tendría consecuencias inmediatas para cientos de miles de familias. Según una investigación del Migration Policy Institute y el Population Research Institute de la Universidad Estatal de Pensilvania, más de un cuarto de millón de bebés nacidos anualmente en Estados Unidos se verían afectados por la orden ejecutiva. Si bien Trump se ha centrado principalmente en la inmigración ilegal en su discurso y acciones, las restricciones al derecho de nacimiento también se aplicarían a personas que se encuentran legalmente en el país, incluidos estudiantes internacionales y solicitantes de residencia permanente.
La petición de derogar la ciudadanía por derecho de nacimiento forma parte de la represión migratoria generalizada del gobierno de Trump, que ha incluido un aumento de las deportaciones, reducciones drásticas en el número de refugiados admitidos en Estados Unidos, la suspensión del asilo en la frontera y la eliminación de las protecciones legales temporales para quienes huyen de la inestabilidad política y económica. Este caso representa una nueva prueba para el Tribunal Supremo, que ha permitido que continúen algunas medidas antiinmigratorias incluso después de que tribunales inferiores las bloquearan.
Las madres embarazadas y sus defensores, que impugnan la orden, así como los jueces de primera instancia que la han bloqueado, han afirmado que los argumentos del gobierno carecen de fundamento. Cecillia Wang, directora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), quien se enfrentará a Sauer el miércoles, declaró: “Tenemos al presidente de Estados Unidos intentando reinterpretar radicalmente la definición de ciudadanía estadounidense”. La ACLU representa a varios grupos de inmigrantes y a madres embarazadas que han impugnado la orden desde su promulgación.
Entre los afectados potenciales se encuentra una mujer argentina que llegó a Estados Unidos en 2016 con una visa para estudiar en la universidad y que desde entonces ha solicitado la residencia permanente. Describió un momento de pánico tras un fallo judicial de junio pasado, cuando existía la posibilidad de que las restricciones entraran en vigor, especialmente en estados como Florida, que no habían impugnado la orden. Los fallos de tribunales inferiores durante el verano aseguraron que la orden permaneciera suspendida y dieron pie al caso actual ante la Corte Suprema.
“Nunca pensé que, tan cerca del final de mi embarazo, tendría que estar pensando en la orden ejecutiva y en cómo afectaría a mi bebé”, declaró la mujer, quien añadió que no ha reconsiderado su decisión de venir a Estados Unidos ni su deseo de quedarse. “Nada de lo que ocurra, ni en el ámbito político ni en ningún otro, habría cambiado mi opinión sobre el país, porque me dio lo más hermoso que tengo hoy: mi familia”, concluyó.
El caso sobre la ciudadanía por nacimiento en la Corte Suprema se suma a una serie de disputas legales en las que el tribunal de mayoría conservadora ha tenido que pronunciarse sobre las políticas migratorias de la administración Trump. Los jueces deberán decidir no solo sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva, sino también sobre el alcance de la autoridad presidencial para reinterpretar disposiciones constitucionales que han sido entendidas de manera uniforme durante más de 150 años.
Se espera que el tribunal emita su fallo antes de que concluya el periodo de sesiones en junio. Cualquier decisión que confirme la orden ejecutiva representaría un cambio radical en la definición de ciudadanía estadounidense y desencadenaría nuevos desafíos legales sobre su implementación. Por el contrario, un fallo que mantenga la interpretación tradicional reforzaría el precedente de la Decimocuarta Enmienda y cerraría la vía a futuros intentos de modificar por decreto un derecho constitucionalmente protegido.
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