Congreso de Campeche avala expropiación por utilidad pública

El Congreso del Estado de Campeche aprobó este 30 de agosto de 2025 una reforma impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que permitirá la expropiación de terrenos y predios privados cuando sean considerados de “utilidad pública”. La medida ha generado un fuerte debate social y político en la entidad.

De acuerdo con la nueva disposición legal, las autoridades podrán declarar un terreno como susceptible de expropiación y los afectados tendrán únicamente cinco días hábiles para presentar una defensa. De no hacerlo, perderán de manera definitiva su propiedad.

Reforma aprobada en medio de controversia

La propuesta fue aprobada con mayoría de votos en el Congreso local, donde Morena y sus aliados respaldaron el proyecto enviado por la mandataria estatal. Legisladores de oposición cuestionaron que la medida abre la puerta a posibles abusos, al dejar en manos del gobierno estatal la interpretación del concepto de “utilidad pública”.

El dictamen establece que el gobierno podrá ocupar de inmediato los predios señalados, incluso mientras se resuelve la defensa jurídica de los particulares, lo que ha despertado preocupación en sectores empresariales, organizaciones campesinas y asociaciones civiles.

Posibles dedicatorias políticas

Uno de los puntos más comentados tras la aprobación es la versión de que la reforma tendría también una dedicatoria política contra el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, hoy senador por el PRI, a quien podrían expropiarle varias propiedades en Campeche.

Aunque no hay confirmación oficial, la especulación ha intensificado la controversia, pues opositores aseguran que la medida podría usarse como herramienta de persecución política y no únicamente como un mecanismo de interés social.

Qué significa “utilidad pública”

El texto de la reforma señala que la ocupación de predios podrá hacerse bajo el argumento de utilidad pública, sin precisar de manera detallada los supuestos en que aplicará. Expertos jurídicos consultados advierten que esta ambigüedad podría derivar en múltiples interpretaciones, que van desde proyectos de infraestructura hasta fines sociales o ambientales.

Con ello, cualquier terreno considerado estratégico para el desarrollo estatal podría ser reclamado por el gobierno, dejando a los dueños con un margen mínimo de defensa legal.

Preocupación social y jurídica

Organizaciones de la sociedad civil y representantes de colegios de abogados en Campeche señalaron que el plazo de cinco días para defenderse es insuficiente y coloca en estado de indefensión a los particulares. Además, advirtieron que podría generarse un clima de incertidumbre patrimonial que desincentive la inversión privada.

Algunos legisladores opositores calificaron la reforma como un retroceso en materia de derechos de propiedad y advirtieron que acudirán a instancias federales para impugnarla.

Contexto político y social

La medida se aprueba en un momento de fuerte tensión política en Campeche. La administración de Layda Sansores ha impulsado varias reformas con el argumento de combatir la corrupción y recuperar espacios para el interés público. Sin embargo, críticos sostienen que algunas de estas medidas tienen un trasfondo de confrontación con opositores políticos.

En paralelo, la iniciativa refuerza la narrativa de Morena sobre la necesidad de priorizar el interés general sobre los privilegios individuales, aunque con el riesgo de generar percepciones de arbitrariedad.

Lo que sigue

Con la reforma ya aprobada, se espera que en las próximas semanas se emitan los primeros decretos de expropiación bajo el nuevo marco legal. De confirmarse las versiones sobre propiedades ligadas a Alejandro Moreno, la polémica podría escalar a nivel nacional.

El debate en torno a la propiedad privada, los límites del poder estatal y la protección al patrimonio de los ciudadanos continuará en la agenda pública de Campeche y del país.

Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media