Jair FigueroaEl gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha decidido radicalizar su proyecto político y acelerar la construcción de un Estado revolucionario, como respuesta directa al aumento de la presión política y militar de Estados Unidos, encabezada por el expresidente Donald Trump, con el objetivo central de garantizar su permanencia en el poder, incluso ante un eventual escenario de confrontación armada.
El chavismo ante su momento más crítico
En el Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano, la lectura es clara: el chavismo enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente. La presión internacional, las sanciones económicas y el cerco político promovido desde Washington han llevado al régimen a cerrar filas y a profundizar un proyecto que busca ser irreversible.
Lejos de replegarse, el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por una estrategia de endurecimiento político, reducción de los espacios de disidencia y reorganización del Estado bajo parámetros revolucionarios. Esta dinámica responde a un principio histórico heredado de Hugo Chávez: tras cada confrontación con la oposición o con actores externos, el régimen profundiza su control y redefine las reglas del juego político.
Radicalización como estrategia de supervivencia
El objetivo: continuidad en el poder
El propósito estratégico del chavismo no es coyuntural. Se trata de garantizar la continuidad del proyecto bolivariano en el tiempo, incluso si ello implica alterar profundamente el marco institucional vigente. Para lograrlo, el régimen ha intensificado arrestos de dirigentes opositores, ha limitado el debate público y ha incrementado la presión sobre medios de comunicación independientes.
Aunque el gobierno anunció recientemente la liberación de 99 presos políticos, esta medida es interpretada por analistas como una maniobra táctica para ganar tiempo y aliviar tensiones internacionales, sin modificar la decisión de fondo: radicalizar la revolución.
El Estado Comunal como punto de llegada
El núcleo del proyecto revolucionario
El eje central de esta nueva etapa es la consolidación del Estado Comunal, un modelo que, según Maduro, debe superar “el viejo modelo burgués” y dar paso a una supuesta “democracia directa” basada en la autogestión popular.
El gobierno asegura que actualmente existen más de 5 mil comunas en proceso de consolidación en todo el país. Estas estructuras funcionan como células territoriales que permiten al poder central extender su influencia política, social y económica barrio por barrio.
En la práctica, las comunas se convierten en instancias paralelas —y en muchos casos superiores— a las autoridades locales electas, debilitando la autonomía regional y el pluralismo político.
Militarización del poder popular
Comunas con respaldo armado
Uno de los elementos más sensibles del proceso es la creciente militarización de las comunas, a través de las Unidades Comunales de Defensa Integral, que forman parte del entramado cívico-militar del régimen.
El Ministerio de la Defensa ha confirmado la distribución de armamento antiaéreo y la preparación operativa de estas estructuras, bajo el argumento de defender la soberanía nacional ante una posible agresión externa.
La estrategia apunta a que civiles organizados y fuerzas armadas actúen de manera conjunta, diluyendo las fronteras entre lo militar y lo político.
PSUV y el discurso de la “fase armada”
En una reciente plenaria extraordinaria, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acordó avanzar hacia lo que denominó una “fase armada de la revolución”, inspirada en el concepto maoísta de la “guerra popular prolongada”.
En cadena nacional, Nicolás Maduro ordenó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, acelerar el alistamiento de trabajadores de la administración pública y prepararlos para la defensa nacional, incluyendo la instrucción de distribuir armas en fábricas y centros productivos.
Control laboral y reforma constitucional
La “constituyente sindical”
Como parte del mismo proceso, el gobierno decretó el inicio de una constituyente sindical, orientada a reorganizar el marco legal de los sindicatos y asegurar su alineación con el proyecto revolucionario, neutralizando cualquier expresión disidente.
Paralelamente, Maduro convocó a movimientos sociales afines a participar en una asamblea plenaria en enero, con el fin de debatir una Reforma Constitucional anunciada desde principios de 2025.
Esta reforma podría:
- Otorgar rango constitucional a las comunas
- Modificar reglas electorales
- Reducir la autonomía regional
- Incrementar el papel político de las Fuerzas Armadas
Poder Popular y control territorial
El fortalecimiento del llamado Poder Popular permitiría que las comunas reciban directamente recursos del fisco nacional para ejecutar proyectos locales, bajo control del Ejecutivo.
Desde hace dos años, el gobierno impulsa la Consulta Popular Nacional, mediante la cual comunidades presentan proyectos que luego son votados. Hasta ahora se han realizado cuatro consultas.
Sin embargo, analistas señalan que estas dinámicas refuerzan el control político más que la participación real, al estar condicionadas por estructuras oficiales.
Vigilancia, censura y represión
El proceso se acompaña de un endurecimiento sin precedentes contra la disidencia. Dirigentes como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia enfrentan restricciones, mientras militantes y analistas opositores continúan siendo arrestados.
El uso de la aplicación Venapp, que permite reportar actividades “sospechosas”, refuerza un esquema de vigilancia social que profundiza el control estatal.
Un proyecto con respaldo limitado
Pese a los esfuerzos del gobierno, diversos estudios de opinión indican que el modelo comunal genera hoy desconfianza y desinterés en amplios sectores de la población, especialmente tras años de inversión sin resultados tangibles.
Aun así, el chavismo apuesta a que, en un contexto de confrontación externa, estas estructuras puedan convertirse en un factor de resistencia y control territorial.