Jair FigueroaLa Fiscalía General de la República (FGR) inició este martes un proceso judicial contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenido el lunes en Chihuahua, luego de que fue trasladado a la Ciudad de México y posteriormente ingresado al penal del Altiplano, en el Estado de México. La autoridad federal lo acusa de participar en el desvío de 73 millones de pesos mediante empresas ganaderas presuntamente vinculadas a él.
De acuerdo con la FGR, Duarte es señalado por su participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de una red financiera en la que se habrían utilizado recursos públicos provenientes de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
Las primeras maniobras legales de la defensa
Durante la audiencia inicial, la defensa de Duarte trató de frenar el juicio mediante la presentación de un incidente de nulidad, argumentando que contaban con un amparo previo que supuestamente impedía la detención del exgobernador. También aseguraron que la orden de aprehensión tenía inconsistencias y que podría interferir con el proceso penal del fuero común que su cliente ya enfrenta en Chihuahua.
En ese proceso estatal, Duarte es investigado por el delito de peculado, por lo cual porta un brazalete electrónico y cumple otras medidas cautelares.
Sin embargo, la jueza federal que encabeza el caso determinó que la nulidad era improcedente, ya que se trata de causas penales distintas, una en el fuero común y otra en el federal, por lo que no existe interferencia jurídica entre ambas.
Las acusaciones centrales: desvío y red de empresas
Presunto lavado de dinero con empresas ganaderas
La nueva causa federal deriva parcialmente de una investigación estatal por peculado que asciende a 96 millones 685 mil pesos, pero la FGR centra este proceso únicamente en el presunto desvío de 73 millones 925 mil 995 pesos, que habrían sido canalizados mediante empresas ganaderas donde Duarte sería accionista mayoritario.
Según la imputación federal, los recursos salieron de la Secretaría de Hacienda estatal y fueron movidos a través de estas compañías para ocultar su origen.
La autoridad expuso que Duarte sería coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, actuando de manera dolosa y participando directamente en la ejecución del esquema financiero.
FGR prepara más de 100 datos de prueba
Durante la audiencia de imputación, la representación federal adelantó que presentará aproximadamente 100 datos de prueba, entre los que se incluirían movimientos financieros, vínculos societarios, documentación de empresas familiares, declaraciones de funcionarios y registros contables.
Las autoridades aseguran que la estructura operaba como una red de triangulación, en la que participaron personas cercanas al exmandatario, así como compañías relacionadas con actividades ganaderas utilizadas para justificar el flujo de recursos.
Al cierre de esta edición, la FGR continuaba exponiendo ante la jueza los elementos de prueba que sostienen la acusación.
Un caso que suma procesos en dos niveles
El proceso federal contra Duarte se suma al expediente estatal que enfrenta desde 2020, cuando fue extraditado a México tras permanecer prófugo en Estados Unidos. La justicia de Chihuahua lo acusa de encabezar un esquema de desvío de recursos públicos para fines políticos y personales durante su administración.
Con esta nueva imputación, el exgobernador ya enfrenta dos procesos simultáneos, lo que podría complicar su situación jurídica en los próximos meses.
Lo que sigue en el proceso
Tras la presentación de pruebas, la jueza deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. De ser así, Duarte permanecerá bajo custodia en el Altiplano mientras avanza la investigación complementaria.
La FGR mantiene abierta la posibilidad de presentar acusaciones adicionales si se confirma la participación de otros actores, empresas o familiares dentro de la red financiera señalada.
Contexto político y judicial del caso Duarte
El caso del exgobernador se ha convertido en uno de los expedientes más visibles relacionados con presunta corrupción en gobiernos estatales. Durante su mandato en Chihuahua (2010–2016), diversas organizaciones denunciaron presuntos actos de desvío y triangulación de recursos. No obstante, su captura ocurrió años después de concluir su administración.
La imputación por un monto superior a los 73 millones se suma a investigaciones previas que apuntan a un presunto esquema sistemático de desvío de recursos públicos durante su administración.