En un nuevo avance en el caso del rancho Izaguirre, conocido como el «rancho del terror», dos expolicías de Tala fueron capturados por su presunta participación en la desaparición forzada de un hombre liberado en septiembre de 2024. Los detenidos, identificados como José Antonio “N” y Gabriel J., son investigados por su rol en el secuestro y entrega del afectado a civiles.
José Antonio “N” fue detenido en Colima por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde fue recibido por el Grupo Táctico GOT de la Secretaría de Seguridad Jalisco. Por su parte, Gabriel J., de 22 años, fue arrestado en Acatic, Jalisco, tras ser identificado como uno de los presuntos partícipes en el caso.
Ambos exagentes habrían participado en la detención ilegal del afectado, quien circulaba en una motocicleta, para posteriormente entregarlo a civiles. Según el testimonio de la víctima, escuchó que lo iban a entregar con «la gente», lo que ha levantado serias sospechas sobre la red de complicidades detrás de este caso.
El 18 de septiembre de 2024, tras un enfrentamiento en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, el hombre desaparecido y otra persona fueron liberados. Durante el operativo, también fueron detenidas 10 personas, quienes actualmente enfrentan procesos penales. Este caso ha sido uno de los más sonados en Jalisco por las graves violaciones a los derechos humanos que involucra.
Con estas dos nuevas capturas, ya suman tres expolicías vinculados al caso. En octubre de 2024, Emmanuel “N”, quien aún era policía en activo, fue detenido por su presunta participación en los hechos. Las investigaciones, lideradas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, han revelado una red de complicidades que incluye a agentes y civiles.
Prospectiva
La captura de estos expolicías marca un paso importante en la investigación del rancho Izaguirre, pero también plantea preguntas sobre la profundidad de las redes de corrupción y complicidad dentro de las fuerzas de seguridad. A medida que avanzan las indagatorias, es probable que salgan a la luz más detalles sobre este caso, que ha sacudido a Jalisco y puesto en evidencia la necesidad de reformas profundas en las instituciones policiales. Este caso no solo busca justicia para las víctimas, sino también sentar un precedente para evitar que hechos similares se repitan en el futuro
