Jair FigueroaLa muerte de un capitán investigado
La noticia del fallecimiento del capitán Pérez Ramírez impactó al sector marítimo y a la opinión pública, pues su nombre había surgido en recientes declaraciones judiciales que lo vinculaban con una red de contrabando de combustible. La Secretaría de Marina emitió un comunicado expresando condolencias a familiares y compañeros, y reiterando su colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos.
El trasfondo: confesión sobre red de sobornos
El caso salió a la luz a raíz de la confesión de Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico, hoy testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR). Según su testimonio, durante casi dos años operó una compleja red que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible disfrazados como “aditivos para aceites lubricantes a granel”.
Torres Joaquín aseguró haber recibido sobornos millonarios por autorizar el atraque de 14 buques con combustible ilegal entre 2024 y 2025, acumulando más de 24 millones de pesos.
Operación de “Los Primos”
De acuerdo con los reportes, la organización detrás del fraude era conocida como “Los Primos” y estaba encabezada por los vicealmirantes Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías, familiares del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. La red operaba con intermediarios, como el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK”, quien actualmente se encuentra prófugo.
El esquema consistía en el pago de una cuota de un millón 750 mil pesos por cada buque, dinero que se repartía entre funcionarios y mandos involucrados. Sin embargo, los testimonios indican que la distribución de los recursos era desigual, generando tensiones internas.
Colaboración bajo presión
El exdirector Torres Joaquín explicó que decidió colaborar con la Fiscalía después de haber sido víctima de un presunto secuestro. Aseguró sentirse “avergonzado” y “engañado” por haber permitido estas operaciones ilícitas, y aceptó convertirse en testigo protegido para aportar información clave sobre la red.
Reacción de las autoridades
El fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que las investigaciones sobre este caso llevan más de dos años en curso. Señaló que fue el propio almirante Ojeda quien solicitó abrir indagatorias internas en la Armada, sin pedir excepciones ni protección para familiares o allegados.
Por su parte, la Secretaría de Marina reiteró que no tolerará actos de corrupción dentro de sus filas y que cooperará con las autoridades judiciales para llegar al fondo del asunto.
Un golpe al prestigio institucional
La muerte del capitán Pérez Ramírez, en medio de un escándalo de esta magnitud, pone en entredicho la imagen de la Marina y refleja el alcance de las redes de corrupción en puertos estratégicos como Tampico y Altamira. La investigación también resalta la vulnerabilidad de las aduanas mexicanas frente a estructuras del crimen organizado que buscan controlar el contrabando de combustibles.
El fallecimiento del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez deja más interrogantes que respuestas. Mientras la Fiscalía avanza en el desmantelamiento de la red de “huachicol fiscal”, la Marina enfrenta el reto de recuperar la confianza ciudadana en medio de un caso que involucra sobornos millonarios y presuntos vínculos familiares con mandos de alto nivel.
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