Jair FigueroaEl presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este domingo 28 de julio su reelección indefinida, aprobada recientemente por el Congreso dominado por su partido, y negó que esto represente el fin de la democracia. El mandatario atribuyó las críticas al hecho de que El Salvador es un país «pequeño y pobre», y no porque se haya roto un principio democrático.
La reforma que cambió las reglas
El jueves pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, amplía el mandato de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. La votación fue rápida y sin discusión pública amplia, lo que ha generado una fuerte reacción internacional.
El oficialismo, con mayoría parlamentaria, impulsó la reforma como un paso “natural” para consolidar lo que llaman el “nuevo modelo salvadoreño”, basado en la popularidad de Bukele y los resultados de su estrategia de seguridad.
“No es el fin de la democracia”
En respuesta a la ola de críticas internacionales, Bukele publicó un mensaje en inglés en la red social X (antes Twitter), donde aseguró que “más del 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia”, añadió con ironía.
El mandatario señaló que el problema no es el sistema político sino un prejuicio hacia países del sur global: “Se espera que te mantengas en tu carril. No que actúes como un país soberano”.
Acusaciones de autoritarismo
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) calificaron la reforma como un “golpe mortal” a la democracia salvadoreña.
Acusan a Bukele de manipular la Constitución para concentrar el poder. El presidente, por su parte, dijo que no le importa que lo llamen “dictador” y que su prioridad es continuar con su “guerra contra las pandillas”.
El régimen de excepción y las detenciones
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Esta política ha sido ampliamente respaldada por la población, pues ha reducido los niveles de violencia a mínimos históricos.
Sin embargo, defensores de derechos humanos denuncian abusos, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de prensa. En los últimos meses, decenas de periodistas y activistas han salido al exilio, denunciando persecución política.
Un país polarizado
La popularidad de Bukele —reelegido en 2024 con el 85% de los votos— le ha permitido consolidar un control casi total del aparato estatal. Sus seguidores lo ven como un líder transformador, mientras sus críticos lo acusan de erosionar la democracia y perseguir a la disidencia.
A pesar de las preocupaciones internacionales, la mayoría de la población salvadoreña respalda sus decisiones, priorizando la seguridad sobre la institucionalidad democrática.
¿Un modelo exportable?
El caso de El Salvador abre el debate sobre los límites del poder popular y la fragilidad de las instituciones democráticas en América Latina. ¿Puede un líder popular reescribir las reglas si cuenta con el respaldo de la mayoría? ¿Cuáles son los riesgos de confundir gobernabilidad con autoritarismo?
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