Héctor O. CarriedoEl presidente Trump insiste en su táctica chantajista, especulativa y manipuladora de amenazar con imponer aranceles a todos los países incluyendo a México y a Canadá, los principales socios comerciales de los EE.UU.
En una carta dirigida a la presidenta Sheinbaum, publicada el reciente 12 de julio en su cuenta de X, Trump, entre otras cosas, dice:
<México me ha estado ayudando a hacer segura la frontera, PERO lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un patio de juegos del narcotráfico. Reconozco los esfuerzos de su gobierno para frenar el flujo de migrantes indocumentados y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, pero los resultados no han sido satisfactorios.- Por lo tanto anuncio que a partir del 1 de agosto de 2025 Estados Unidos impondrá aranceles del 30% sobre todas las importaciones provenientes de México>.
Reaccionando con serenidad y templanza, la presidenta Sheinbaum expresó su confianza en que se llegará a un acuerdo en las reuniones bilaterales, que los equipos negociadores de ambos gobiernos están llevando a cabo en Washington.
Este enésimo mensaje contradictorio de Trump, junto con el proceso y la liberación condicionada de Ovidio Guzmán -capturado y extraditado a EU por el gobierno de López Obrador- alientan la narrativa falsa de quienes pugnan por una intervención armada directa de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano y una crisis económica en el país, en su desmedido afán de desestabilizar al gobierno legítimo, eficaz y valiente, de gran aceptación popular, de la primera presidenta de México.
En los hechos, el Gobierno de México, a partir de la presidencia de Claudia Sheinbaum, implementa una estrategia efectiva de seguridad interior y lucha en contra de los carteles.
La presidenta Sheinbaum rechaza la militarización a ultranza y otorga prioridad a la inteligencia sobre el uso de la fuerza indiscriminada. En la implementación de la estrategia ha sido fundamental el liderazgo de Omar García Harfuch, aplicado en alcanzar objetivos concretos, como en los casos del Operativo Enjambre en el Estado de México y otras acciones coordinadas y efectivas de alto impacto en en estados como Sinaloa, Guerrero y Guanajuato, para desmantelar redes de protección política y criminal.
La permanencia y consistencia de esta estrategia dará sus mejores frutos a mediano y largo plazo, mediante la reducción de las causas estructurales y sistémicas del crimen organizado (que en ninguna parte del mundo se eliminan de la noche a la mañana), lo mismo en los ámbitos de las instituciones de procuración e impartición de justicia y el sistema penitenciario, que en los cuerpos de seguridad pública.
Hay que decirlo: la corrupción, sexenio tras sexenio, ha sido inmanente a los sistemas de procuración e impartición de justicia, a cargo de las fiscalías “autónomas” y el Poder Judicial Federal.
En particular, del desempeño del Poder Judicial Federal dependen, en gran medida, los elevados índices de impunidad y los bajos niveles de justicia, lo cual deberá transformarse a mediano plazo, para conseguir objetivos integrales en la lucha contra las estructuras del crimen organizado en todo el país.
Durante el actual gobierno ya se ha detenido a miles de generadores de violencia por delitos de alto impacto, al tiempo que se han incautado toneladas de droga, incluyendo millones de pastillas de fentanilo y grandes arsenales que estaban en manos de organizaciones criminales; también se han desmantelado más de 750 laboratorios clandestinos.
Entidades como Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Baja California siguen concentrando la mayoría de los homicidios (51% del total). En Guerrero y Guanajuato, en los primeros seis meses de gobierno, se reportaron reducciones del 46% y 48% en homicidios, respectivamente.
Es cierto que persiste la violencia en entidades como Sinaloa (por pugnas mortales de las células sobrevivientes del cartel de Sinaloa) y Guanajuato (uno de los paraísos del huachicol y locación de grupos delictivos emergentes durante la administración de Peña Nieto, como el cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, la colusión entre autoridades locales y el crimen organizado sigue siendo un un gran reto, aunque operativos como Enjambre buscan romper las todavía existentes redes de complicidad.
Si actores políticos y mediáticos del bloque derechista opositor desean nutrir su falsa narrativa y hablar de <narcogobiernos, narcopresidente o narco estados> deberían referir que, en el periodo 2000-2018, los gobiernos panistas de Fox y Calderón consintieron y prohijaron el crecimiento del cartel de Sinaloa y, posteriormente, durante el gobierno de Peña Nieto emergió el fenómeno del huichicol y surgió el CJNG como grupo delincuencial dominante.
Durante los gobiernos a cargo de Vicente Fox y Felipe Calderón, el cartel de Sinaloa se expandió debido a la creciente demanda de drogas en EU, y las debilidades institucionales derivadas de diseños defectuosos, tanto de las policías como de las fiscalías “autónomas”; también por la desconexión y descoordinación entre poderes, destacando la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, el Poder Judicial Federal y el sistema penitenciario; además de las graves deficiencias, filtraciones y fisuras intencionadas en los sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Como es de todos conocido, Calderón declaró en 2006 una <guerra contra el narcotráfico>, desplegando al ejército, la marina y la policía federal en operativos efectistas y caóticos, especialmente en Michoacán; para nada se metió con Sinaloa y otros dominios territoriales de las huestes del “Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada. La violencia desatada, respaldada por EU a través de la Iniciativa Mérida y mediante operativos fallidos como el contrabando consentido de armas a través del denominado <Rápido y Furioso>, intensificaron la violencia y fragmentaron los carteles, cuyas células sobrevivientes reaccionaron con mayor beligerancia y malignidad.
En 2010, después de la captura de Osiel Cárdenas Guillén (muy conveniente para sus enemigos del cartel de Sinaloa), los Zetas se independizaron del cartel del Golfo, convirtiéndose en una organización caracterizada por su exceso de violencia y su diversificación en actividades como secuestro, extorsión y trata de personas.
La corrupción en instituciones, como la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna (ya juzgado, sentenciado y convicto en EU), y la Policía Federal, facilitó la operación del cartel de Sinaloa. Asimismo, la demanda de metanfetaminas en EU impulsó la producción de drogas sintéticas por parte de grupos como el CJNG y La Familia Michoacana.
El cartel de Sinaloa mantuvo su dominio y expandió su influencia. El abatimiento por fuerzas del gobierno de líderes de carteles rivales, como Arturo Beltrán Leyva en 2009, incluso de aparentes aliados como Nacho Coronel en 2010, también favoreció su expansión.
La militarización a ultranza del combate al narcotráfico incrementó exponencialmente los homicidios relacionados con el crimen organizado. La estrategia de descabezar cárteles fragmentó las organizaciones criminales, generando más violencia por disputas internas y territoriales.
Después, Peña Nieto buscó desmarcarse de la estrategia militarizada y muy dañina de Calderón, enfocándose en la creación de la Gendarmería Nacional y la prevención del delito. Sin embargo, la violencia y expansión de los cárteles continuaron debido a la corrupción, la reproducción de células violentas y el fortalecimiento del CJNG.
El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), surgió hacia el final del sexenio de FCH, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes («El Mencho»). Inicialmente conocido como «Los Matazetas», el CJNG comenzó a ganar terreno en Jalisco y Michoacán, destacándose también por su violencia extrema.
En el periodo 2012-2018, el CJNG se convirtió en la organización con mayor presencia territorial, operando en 28 estados, mientras que el cartel de Sinaloa mantuvo su influencia territorial a pesar de las capturas y abatimientos, por fuerzas del Estado, a algunos de sus líderes. Su lider, «El Mencho», se convirtió en uno de los capos más buscados. El CJNG controlaba, hasta el 2018, puertos clave como Manzanillo y Lázaro Cárdenas para el tráfico de precursores químicos desde Asia.
En el sexenio de EPN surgió también el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, como un grupo delincuencial dedicado al robo de combustible, enfrentándose al CJNG en una violenta disputa territorial.
La recaptura de «El Chapo» en 2014, y su posterior fuga en 2015, evidenciaron aún más la corrupción y las fallas en el sistema penitenciario. Su extradición en 2017 marcó un golpe significativo al cartel de Sinaloa, pero mantuvo su dominio bajo el liderazgo de «El Mayo» Zambada y los «Los Chapitos».
Epílogo
En su periodo de gobierno, López Obrador implementó un enfoque basado en atender causas sociales como pobreza, exclusión y desigualdad, mediante acciones que buscan evitar el abandono escolar y el desempleo juvenil, procurando también la capacitación e iniciación laboral de los jóvenes mediante programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.
Operativamente, López Obrador creó y fortaleció con infraestructura y recursos la Guardia Nacional, bajo el mando de la Sedena. El número de elementos pasó de 43,900 en el año de su fundación (2019), a 130 mil y cerca de 400 nuevos cuarteles en 2024, superando -por mucho- a la extinta polícía federal que llegó a tener un máximo de 40 mil efectivos y la efímera Gendarmería creada por EPN de 5,000 elementos.
La estrategia de seguridad de López Obrador fue cuestionada por la oposición, debido a su propensión a evitar enfrentamientos directos para evitar escaladas de violencia; no obstante, se mantuvieron operativos selectivos en ciudades conflictuadas como Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez y Culiacán.
Los homicidios dolosos disminuyeron, aunque el promedio se mantuvo alto en alrededor de 80-100 por día. La percepción de inseguridad disminuyó del 80% en 2018 al 60% en 2024, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). La violencia se concentró en Guanajuato, Sinaloa, Baja California y Guerrero, estados que sumaron el 50% de los homicidios, con pugnas entre grupos delincuenciales como el CJNG y Santa Rosa de Lima y luchas internas entre células sobrevivientes del cartel de Sinaloa.
También se incautaron grandes cantidades de drogas, en particular fentanilo, y se detuvo y extraditó a figuras clave, como Ovidio Guzmán (2023), con un previo amago de captura -muy controvertido por los detractores de AMLO- conocido como el «Culiacanazo» (2019).
A fin de cuentas, resulta contradictorio que actores políticos y mediáticos del bloque opositor acusen a López Obrador de haber consentido al cartel de Sinaloa, cuando la evidencia histórica indica que dicha organización criminal creció y se hizo más dominante durante las administraciones de Fox y Calderón, y está siendo desarticulada y disminuida durante los gobiernos de la 4T.
Héctor O. Carriedo Sáenz
18 de julio de 2025