Jessika Tamez BougthonLas Asociaciones Público-Privadas (APP) han sido durante décadas una herramienta controversial en la gestión de infraestructura pública. Desde su formalización con la Ley de APP en 2012, México ha experimentado un vaivén de posturas políticas y resultados en torno a su aplicación. En el centro de este debate se encuentran dos visiones opuestas: una que las considera un vehículo esencial para modernizar la infraestructura y otra que advierte sobre sus riesgos financieros y sociales a largo plazo. Pero, ¿es justo estigmatizarlas o, por el contrario, idealizarlas?
Las APP son acuerdos de largo plazo entre el sector público y privado para desarrollar proyectos de infraestructura o prestar servicios públicos. Bajo este modelo, la inversión inicial es asumida por el sector privado, que posteriormente es remunerado mediante pagos públicos o concesiones a lo largo del tiempo. La idea central es movilizar capital privado para proyectos de interés público cuando los recursos gubernamentales son insuficientes.
En teoría, las APP prometen eficiencia operativa, transferencia de riesgos y acceso a capital privado sin incrementar directamente la deuda pública. Esta visión, adoptada con fuerza durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, impulsó grandes proyectos de infraestructura, como la Red Compartida en telecomunicaciones y diversos hospitales de alta especialidad. No obstante, la práctica ha demostrado que la teoría, sin una supervisión y planificación adecuadas, puede resultar peligrosa.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la narrativa en torno a las APP cambió radicalmente. El presidente, conocido por su discurso de austeridad y desconfianza hacia la participación privada en proyectos públicos, criticó duramente este modelo aludiendo casos como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, donde los pagos al sector privado superaron con creces los costos reales de la infraestructura.
Su administración redujo drásticamente la utilización de APP, favoreciendo la inversión pública directa y la gestión estatal de proyectos clave como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas. Sin embargo, esta postura no solo reflejaba una preocupación legítima por los abusos contractuales, sino también una visión ideológica que limitó, en algunos casos, la capacidad del país para atraer inversión privada en sectores estratégicos.
Las Asociaciones Público-Privadas (APP) no son intrínsecamente positivas ni negativas. Su efectividad depende de una implementación responsable y de un marco regulador sólido. Entre sus beneficios destaca la eficiencia operativa, ya que las empresas privadas suelen gestionar proyectos con mayor rapidez y menores costos. Además, permiten transferir riesgos financieros y operativos al sector privado, liberando al Estado de ciertas responsabilidades. Otro aspecto positivo es la innovación, pues los privados pueden aportar nuevas tecnologías y enfoques en la gestión de servicios públicos.
Sin embargo, también presentan riesgos importantes. La deuda oculta es uno de ellos, ya que los compromisos financieros a largo plazo pueden afectar las finanzas públicas. Otro riesgo es la privatización desproporcionada de beneficios, donde las ganancias favorecen al privado mientras los costos recaen en el Estado. Finalmente, la falta de transparencia puede propiciar corrupción y contratos abusivos.
Para que las APP funcionen de manera sostenible, es fundamental seguir ciertos principios. Los proyectos deben seleccionarse con base en un alto impacto social y un análisis costo-beneficio riguroso. La transparencia es clave, por lo que los contratos deben ser públicos y sujetos a auditorías periódicas. La distribución de riesgos debe ser equitativa, asignando responsabilidades según la capacidad de cada parte. Además, se requiere una supervisión estatal fuerte e independiente. Finalmente, los contratos deben incluir cláusulas claras de terminación para resolver conflictos o cancelar acuerdos sin afectar de manera excesiva las finanzas públicas.
Las APP no son la solución universal pero tampoco un enemigo de la gestión pública moderna. Representan una herramienta útil cuando se aplican con rigurosidad técnica, ética y un firme compromiso con el interés público. La clave para el futuro radica en aprender de las experiencias y replicar las buenas prácticas.
El reto de los gobiernos actuales y futuros, incluida la administración de Claudia Sheinbaum, será encontrar un equilibrio entre promover la inversión privada y proteger los recursos públicos, garantizando siempre que el bienestar ciudadano sea la máxima prioridad. Solo entonces, las APP podrán cumplir su verdadero propósito: ser un instrumento para el desarrollo sostenible y equitativo del país.