Jair FigueroaEl presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, denunció públicamente a Jenaro Villamil, encargado de despacho del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), por utilizar los medios estatales como herramientas de propaganda para el oficialismo. El dirigente priista calificó al funcionario de «narcopropagandista» y anunció que presentará denuncias ante organismos internacionales por el supuesto uso indebido del aparato del Estado. Moreno sostiene que la gestión de Villamil ha vulnerado los principios de imparcialidad y neutralidad exigidos por la ley. La acusación marca una escalada en la confrontación entre el PRI y el gobierno de Morena.
Acusaciones de propaganda y uso indebido del aparato estatal
La denuncia presentada por Moreno Cárdenas sostiene que el gobierno federal emplea los medios públicos para difundir odio y mentiras contra sus adversarios políticos. El líder priista afirmó que estas plataformas dejaron de cumplir su función social para convertirse en el brazo mediático del partido en el poder. En su mensaje, el dirigente del PRI señaló que el proyecto Infodemia ha sido utilizado para atacar sistemáticamente a quienes disienten de la visión oficialista. Las declaraciones buscan exhibir las presuntas irregularidades operativas bajo el mando del titular del SPR.
El dirigente nacional del PRI citó resoluciones previas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Recordó que dicho tribunal determinó anteriormente que el funcionario vulneró los principios de equidad y neutralidad desde el servicio público. Moreno Cárdenas enfatizó que la neutralidad mediática es indispensable para garantizar el equilibrio democrático en el país. Por ello, insistió en la urgencia de investigar los contratos y el destino de los recursos financieros en la actual administración del sistema radiodifusor estatal.
El señalamiento del líder priista: «Para que un narcogobierno como el de Morena se enquiste en la sociedad mexicana, necesita narcopropagandistas que instalen el odio», declaró Alejandro Moreno en sus redes sociales.
PRI llevará el caso ante organismos internacionales por censura
La estrategia del PRI contempla llevar estas presuntas anomalías ante instancias de derechos humanos y libertad de expresión a nivel internacional. Moreno advirtió que no permitirán que el gobierno utilice instituciones públicas para intentar silenciar a la oposición ni para censurar el debate democrático. El político campechano exigió que se detenga lo que calificó como una apropiación partidista de los medios de comunicación que pertenecen a todos los mexicanos. La denuncia pretende poner bajo el escrutinio mundial las prácticas de comunicación oficial en México.
El dirigente del PRI también hizo un llamado a exponer públicamente a todos los responsables de la estrategia propagandística gubernamental. Acompañó su discurso con imágenes de Jenaro Villamil, exhortando a que los funcionarios sean sacados del anonimato mediático. Por su parte, la dirigencia del SPR no ha emitido una postura oficial para refutar las acusaciones de presunto desvío de recursos o censura. La tensión entre ambos actores políticos refleja la polarización existente sobre el papel de los medios en la contienda electoral venidera.
La exigencia del PRI se suma a una larga lista de cuestionamientos sobre la transparencia en los contratos de comunicación social. Los observadores políticos sugieren que esta confrontación subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización en los medios de radiodifusión del Estado. La sociedad civil permanece expectante sobre si los organismos internacionales decidirán intervenir en el caso. Mientras tanto, la relación entre el sistema público de medios y los partidos de oposición parece distanciarse de manera definitiva y conflictiva.
La acusación de Alejandro Moreno pone el foco en la gestión de Jenaro Villamil y la independencia editorial de las instituciones públicas. Este conflicto institucional subraya la urgencia de debatir cómo se deben gestionar los medios del Estado para garantizar imparcialidad. La posibilidad de una intervención internacional añade una capa de complejidad que podría impactar la reputación del país en materia de libertad de expresión. El futuro del SPR y sus directivos se encuentra ahora bajo el escrutinio tanto de la oposición como de instancias legales externas.
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