Filiberto Cruz MonroyEl ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha presentado su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclarando que esta acción no implica su aceptación de la constitucionalidad de la reciente reforma judicial. En un comunicado dirigido al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, Ortiz Mena destacó que su renuncia se fundamenta en la presunción de validez que posee toda norma legal, a menos que sea revocada por un tribunal competente.
Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que, aunque su renuncia será efectiva el 31 de agosto de 2025, continuará desempeñando sus funciones con la misma integridad que ha mantenido desde su ingreso al cargo. “Renuncio no como quien abandona una tarea inconclusa, sino con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales”, afirmó en su mensaje. Esta declaración refleja su compromiso con la justicia y la defensa de la Constitución.
En su comunicado, el ministro también se refirió a la reciente reforma constitucional que acorta el mandato para el que fue designado. Se le presentaron dos opciones: someterse a un proceso de elección popular o renunciar. Sin embargo, Ortiz Mena se considera inapropiado para un cargo que depende del apoyo popular, argumentando que su verdadera labor es proteger los derechos de aquellos que carecen de voz en el sistema.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, originario de Cuernavaca, Morelos, tiene una sólida trayectoria académica, habiendo obtenido su licenciatura en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con una Maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. A lo largo de su carrera, ha ocupado importantes cargos en el ámbito jurídico, incluyendo la Administración General Jurídica y la Administración General de Grandes Contribuyentes, ambos nombramientos por el presidente y ratificados por el Congreso de la Unión.
La renuncia de Gutiérrez Ortiz Mena representa un momento crucial en el panorama judicial de México, en un contexto donde la independencia y la integridad del sistema judicial están bajo constante escrutinio. Su decisión invita a reflexionar sobre el papel de los jueces en la defensa de la Constitución y los derechos de la ciudadanía.