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Juan Manuel Jiménez Columna de opinión

Desde la cárcel

Juan Manuel Jiménez
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Santa Fe se convirtió este martes en un auténtico caos. Calles cerradas, automovilistas atrapados durante horas, transporte público paralizado y cientos de personas caminando para intentar llegar a sus destinos. Todo por una serie de bloqueos que, aparentemente, tenían como objetivo denunciar abusos dentro de un penal federal. Pero detrás de las protestas hay una historia mucho más delicada.

Los manifestantes exigían mejores condiciones para las personas recluidas en el Centro Federal de Reinserción Social número 4, ubicado en Nayarit. Denunciaban falta de medicamentos, atención médica deficiente, malos tratos, restricciones a las visitas y presuntas violaciones a los derechos humanos. Incluso pedían la destitución del director del penal, Carlos César López Herrera.

Hasta ahí, parecía una protesta de familiares preocupados por las condiciones de sus seres queridos. Sin embargo, detrás de esta movilización habría mucho más que una exigencia por las condiciones de un penal.

Fuentes cercanas al caso señalan que los bloqueos fueron organizados y financiados por Mike Canchola y Bombón Canchola, identificados como hermanos de Lenin Canchola, líder de Los Malcriados 3AD, una organización criminal que durante años operó en el poniente de la Ciudad de México.

Lenin Canchola fue detenido en 2022 y sentenciado a 50 años de prisión por secuestro agravado y asociación delictuosa. Y aquí viene lo verdaderamente delicado: entre quienes participaron en los bloqueos habría habido personas armadas, algunas equipadas con radios para mantenerse comunicadas durante la movilización.

El objetivo, según esta versión, no era denunciar las condiciones del penal, sino presionar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para conseguir beneficios penitenciarios para Lenin Canchola.

La SSPC aseguró que el centro penitenciario cuenta con medicamentos y servicios para los internos, y anunció una revisión de las denuncias. Pero lo ocurrido en Santa Fe abre una discusión que va mucho más allá de las condiciones de una prisión.

Porque estar detrás de las rejas no necesariamente significa perder la capacidad de influencia en el exterior. El caso plantea la posibilidad de que el entorno de un líder criminal pueda movilizar personas, financiar bloqueos y generar presión sobre las instituciones para conseguir beneficios particulares.

Las denuncias de violaciones a los derechos humanos deben investigarse. Pero también debe esclarecerse si esas exigencias fueron utilizadas como instrumento de presión por una organización criminal.

Por cierto:

1. CONTRASTES. Ecatepec: las encuestas y el fuero

2.

3. Las cosas pintan muy bien para Azucena Cisneros en Ecatepec. La más reciente encuesta de Rubrum la coloca al frente de las preferencias de Morena con 40.5%, mientras el partido alcanza 48.8% de intención de voto. Una fotografía que fortalece sus aspiraciones para encabezar la coordinación de la Cuarta Transformación en el municipio. Y quien seguramente no debe estar nada tranquilo es su antecesor, Fernando Vilchis. Los números muestran que hoy no encabeza las preferencias y su administración arrastra observaciones de la ASF por un probable daño al erario de más de 231 millones de pesos. Actualmente tiene fuero como diputado federal, pero su encargo termina en 2027. Si no consigue otro cargo que le otorgue esa protección, podría enfrentar las investigaciones sin fuero. Porque las observaciones no desaparecen con el cambio de administración y el fuero tampoco dura para siempre. Para Vilchis, lo que está en juego podría ser mucho más que su futuro político: también la posibilidad de tener que responder ante la justicia por las irregularidades que lleguen a acreditarse.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta

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