Fiscalía de Chihuahua niega que Maru Campos supiera de la CIA

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua descartó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván tuviera conocimiento o autorizara el despliegue de agentes extranjeros en actividades operativas locales. La postura institucional responde a un reportaje publicado por The New York Times, el cual señala la presunta participación de personal de la CIA en un operativo antidrogas realizado en el municipio de Morelos. La mandataria estatal declinó emitir comentarios de fondo al respecto y remitió las aclaraciones al ámbito judicial.

El pronunciamiento del organismo investigador precisa que la carpeta iniciada por las acciones de abril de 2026 reúne 150 declaraciones de 86 personas, además de dictámenes periciales y elementos técnicos. La dependencia enfatizó que ningún dato de prueba integrado al expediente legal menciona o sugiere que la titular del Ejecutivo haya tenido reporte de la presencia de ciudadanos estadounidenses en la zona.

Por el contrario, la representación social expuso que la investigación judicial documenta que la información sobre la intervención de los extranjeros le fue ocultada a la mandataria. Este elemento formó parte de los argumentos presentados ante el juez de control que dictó la vinculación a proceso contra el extitular de la fiscalía estatal, César Jáuregui Moreno, por la probable comisión del delito de traición a la patria.

Investigan traición a la patria y desestiman versiones periodísticas

Las imputaciones sobre la presunta notificación a la ejecutiva estatal derivaron de los señaamientos atribuidos a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas. El exfuncionario cuenta con una orden de aprehensión vigente dentro de la misma causa penal por la irrupción de agentes externos en la comunidad de El Pinal, donde se buscaba ubicar un laboratorio de drogas sintéticas.

La autoridad persecutora puntualizó que los dichos expresados fuera del cauce procedimental no forman parte de las actuaciones oficiales ni tienen validez probatoria en la carpeta. Respecto a la adscripción institucional de las personas involucradas, la fiscalía indicó que en el expediente únicamente constan como ciudadanos estadounidenses, absteniéndose de calificar documentos o versiones no exhibidas ante el juzgador de la causa.

Las instancias judiciales del estado mantendrán el curso del proceso penal para deslindar las responsabilidades correspondientes entre los exfuncionarios involucrados. La administración estatal reiteró que las investigaciones quedan bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes.

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