De la guerra contra el narco a la recuperación del Estado

Durante varios lustros, el debate sobre inseguridad en México quedó atrapado entre dos extremos: quienes sostenían que el país estaba perdido frente al crimen organizado y quienes minimizaban la violencia. Hoy los datos permiten una discusión más seria: reconocer que la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum está produciendo resultados relevantes, sin afirmar que el problema esté resuelto.

El dato central es contundente. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, una reducción de 53%. Julio y agosto de 2026 se encuentran entre los meses con menores registros de la última década.

No se trata de una encuesta de percepción ni de una cifra elaborada por una consultora. El SESNSP integra información de las fiscalías de las 32 entidades.

La violencia tiene una historia

Para entender el resultado actual es necesario reconocer que el problema no comenzó en 2018.

Diversas organizaciones criminales mexicanas tienen antecedentes que se remontan a décadas anteriores y algunas surgieron de procesos vinculados con el narcotráfico de los años setenta, ochenta y noventa. Sin embargo, durante los sexenios comprendidos en el periodo 2000-2018, varias de esas organizaciones se consolidaron, diversificaron sus actividades y ampliaron su presencia territorial, favorecidas en distintos lugares por corrupción, impunidad, desigualdad y debilidades institucionales.

Existe un amplio registro de casos de corrupción, infiltración y cooptación de policías, funcionarios y autoridades locales por organizaciones criminales. En algunos territorios, esas prácticas permitieron a los grupos delictivos ampliar su capacidad de control y penetrar actividades económicas y políticas.

El contraste con el pasado es imposible de ignorar.

En efecto, México viene de una etapa en la que la violencia homicida se multiplicó, las organizaciones criminales ampliaron su poder territorial y, en distintos momentos y regiones, lograron penetrar policías, gobiernos y estructuras de procuración de justicia. La llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 no consiguió desmontar ese fenómeno; por el contrario, estuvo acompañada por una escalada de homicidios y una fragmentación de los grupos criminales que multiplicó las disputas territoriales.

El caso de Genaro García Luna —secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y posteriormente condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con su colaboración con el narcotráfico— constituye una expresión particularmente grave de las vulnerabilidades que acompañaron aquel periodo. Mientras el Estado declaraba una guerra frontal contra los cárteles, uno de los máximos responsables de conducirla terminó siendo condenado por colaborar con una de las organizaciones que debía combatir. La paradoja no puede ignorarse al evaluar los resultados de aquella estrategia.

La captura o abatimiento de capos debilitó a algunas estructuras, pero en otros casos también produjo disputas sucesorias y nuevas organizaciones. Esa dinámica ayuda a explicar por qué el problema adquirió una dimensión territorial mucho mayor.

Por ello, la violencia que recibió la administración de 2018 era el resultado de procesos acumulados durante décadas, no de una sola administración.

Frente a ese antecedente, el dato actual adquiere una dimensión mayor: por primera vez en varios sexenios, México no está simplemente conteniendo una escalada de violencia; está reduciendo de manera acelerada los homicidios y diversos delitos de alto impacto. La caída registrada por el SESNSP no significa que el país haya dejado atrás el crimen organizado, pero sí representa un cambio sustantivo respecto de la trayectoria que caracterizó buena parte de las últimas décadas.

El mérito de la estrategia actual no consiste en prometer una victoria instantánea, sino en haber comenzado a modificar una tendencia que parecía estructural. Y precisamente por eso sería un error desperdiciar este momento con triunfalismo.

De la contención a la reducción

Durante los primeros años del gobierno de López Obrador la violencia permaneció en niveles históricamente elevados, pero a partir de 2021 comenzó a descender. Entre 2018 y 2024 el gobierno reportó una reducción cercana a 18%.

La gestión de Claudia Sheinbaum ha profundizado esa tendencia mediante una estrategia que combina atención a las causas, Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación entre autoridades federales, estatales y fiscalías.

El gobierno reporta decenas de miles de detenciones por delitos de alto impacto, miles de armas aseguradas y laboratorios clandestinos desmantelados, además de operaciones contra la extorsión y objetivos prioritarios.

Estos datos contradicen la idea de una política de inacción frente al crimen.

Ni “abrazos” ni una sola corporación explican todo

Reducir “abrazos, no balazos” a una supuesta política de tolerancia criminal es una caricatura. La expresión sintetizó la necesidad de atacar también las condiciones sociales que favorecen el reclutamiento criminal. Eso coexistió con operaciones militares, detenciones y extradiciones.

Resultados sí; triunfalismo tampoco

Reconocer avances no significa declarar terminada la violencia. La extorsión continúa siendo grave; existen regiones con alta concentración delictiva y persisten desapariciones, impunidad y debilidades institucionales. La ENVIPE del INEGI confirma algo que no es nuevo: la enorme cifra oculta de delitos que no llegan a las autoridades.

Por eso el descenso de homicidios y delitos de alto impacto deben interpretarse como resultados relevantes, no como victoria definitiva.

La cooperación con Estados Unidos es necesaria en inteligencia, extradiciones, persecución financiera y para detener el tráfico de armas. Pero cooperación no significa subordinación. La seguridad mexicana debe seguir siendo responsabilidad de instituciones mexicanas.

Reconstruir el Estado desde abajo

La estrategia federal puede reducir homicidios, desmantelar organizaciones y recuperar territorios; pero la paz sostenible depende de que el Estado pueda permanecer en ellos cuando termina el operativo.

Los resultados están ahí y merecen ser reconocidos: México ha logrado revertir de manera acelerada la tendencia de homicidios y reducir, al mismo tiempo, diversos delitos de alto impacto. No es un argumento propagandístico; es una tendencia que aparece en las series públicas y que empieza a encontrar respaldo en distintas fuentes estadísticas.

El país arrastra décadas de violencia, instituciones locales debilitadas y territorios donde el crimen organizado logró penetrar o someter, en distintos grados, a policías, autoridades y estructuras de justicia. La extorsión, las desapariciones, la impunidad y la cifra negra siguen siendo desafíos enormes.

Por eso, el siguiente paso no puede ser únicamente mantener los operativos federales: debe ser reconstruir el Estado en los territorios donde durante años fue desplazado, corrompido o capturado por el crimen organizado. Esto implica depurar y profesionalizar las policías estatales y municipales, dignificar la carrera policial, fortalecer sus capacidades de inteligencia e investigación y recuperar el control de las instituciones de seguridad. Implica también reconstruir las fiscalías estatales, garantizar su autonomía y dotarlas de las capacidades necesarias para investigar y llevar ante la justicia a quienes cometen delitos.

La historia demuestra que capturar a un capo no basta si el Estado que debe ocupar su lugar es débil. La verdadera derrota del crimen organizado no ocurre cuando cae un jefe criminal, sino cuando una comunidad deja de depender de él para obtener seguridad, justicia, empleo, protección o incluso reglas de convivencia.

Ahí está el verdadero desafío para la estrategia de seguridad: convertir la reducción de los homicidios y de los delitos de alto impacto en una transformación institucional permanente.

México no necesita tutelas extranjeras para enfrentar este desafío. Necesita instituciones propias, eficaces, transparentes y honestas; cooperación internacional basada en la soberanía y, sobre todo, un Estado capaz de recuperar y conservar el territorio.

En los primeros tres lustros del siglo veintiuno, el crimen organizado creció en territorios de ámbitos locales de gobierno, donde el Estado fue débil, corruptible o ausente. Ahora el objetivo debe ser exactamente lo contrario: que ningún cártel vuelva a ser más fuerte que las instituciones mexicanas. Si la primera batalla era detener la escalada de violencia y delincuencia, la siguiente es mucho más profunda: reconstruir el Estado desde los ámbitos locales de gobierno hasta hacer irreversible la recuperación de la seguridad.

Héctor O. Carriedo Sáenz