Filiberto Cruz MonroyAndrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos le canceló la visa. Lo hizo mediante una carta dirigida a Donald Trump, en la que responsabiliza de la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y exige saber si el presidente estadounidense estaba enterado.
Mi primera reacción es sencilla: no me parece mal que le hayan quitado la visa. López Beltrán siempre me ha parecido un político cuya notoriedad proviene, en buena medida, de ser hijo de Andrés Manuel López Obrador. No le reconozco ni la inteligencia política, ni el carisma, ni la capacidad de comunicación que tuvo su padre. Además, su trayectoria ha estado rodeada de señalamientos y controversias por presunto influyentismo y corrupción. Eso, desde luego, no equivale a una sentencia ni sustituye una investigación con pruebas. Pero tampoco obliga a nadie a convertirlo en una víctima ejemplar.
Lo verdaderamente lamentable es la carta que decidió hacer pública. Es un documento mal redactado, lleno de descalificaciones, saltos argumentales y frases grandilocuentes. López Beltrán acusa a funcionarios estadounidenses de comportarse como “jefes de pandillas”, habla de una motivación “al estilo hitleriano” y califica la decisión de “burda y perversa canallada”. Uno se pregunta cómo alguien que pretende tener una carrera política no cuenta con un equipo capaz de ayudarle a ordenar sus ideas, cuidar el lenguaje y presentar una defensa mucho más inteligente.
Pero aquí viene lo importante: que yo considere razonable que le retiren la visa no significa que crea que Estados Unidos actúa por justicia.
En eso, Claudia Sheinbaum tiene razón. La presidenta ha dicho que estas decisiones tienen un sentido político y que Estados Unidos no aplica el mismo criterio a todos los países. Y esa es precisamente la discusión que debería importarnos.
Washington sostiene que ha revocado decenas de miles de visas por delitos, incumplimiento de las reglas migratorias o razones de seguridad. El Departamento de Estado reporta 175 mil revocaciones. Sin embargo, en el caso de López Beltrán no se han hecho públicas pruebas que expliquen específicamente la decisión.
Entonces cabe preguntar: si Estados Unidos estuviera actuando exclusivamente con criterios de justicia y defensa de los derechos humanos, ¿por qué su severidad parece variar tanto dependiendo del personaje y del gobierno?
Ahí están los contrastes latinoamericanos. Abelardo de la Espriella, quien acaba de asumir la Presidencia de Colombia después de ganar las elecciones de junio, fue por años el abogado de los narcos de su país. Y Nayib Bukele gobierna El Salvador mientras organismos internacionales han documentado concentración de poder, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y graves abusos contra los derechos humanos.
No se trata de defender a López Beltrán. Se trata de cuestionar la supuesta neutralidad de quien utiliza el poder de una visa como instrumento de presión.
Estados Unidos tiene una larga tradición de intervenir, presionar y condicionar a gobiernos latinoamericanos cuando considera que sus intereses están en juego. Y hoy parece existir una estrategia particularmente agresiva contra gobiernos, movimientos y dirigentes de izquierda o contra quienes no se alinean plenamente con Washington. La cancelación de visas puede ser jurídicamente una facultad soberana; políticamente, también puede convertirse en un mensaje.
Por eso la frase sigue siendo válida: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.
La visa no es solamente un documento migratorio. En determinados momentos puede convertirse en una herramienta mediática, política e incluso injerencista. Su cancelación produce titulares, alimenta narrativas y coloca al señalado en una posición defensiva, aun cuando no se conozcan públicamente las razones concretas.
Así que sí: no me preocupa que Andy López Beltrán no pueda entrar a Estados Unidos. Tampoco me parece convincente su carta. Pero precisamente por eso no debemos perder de vista el problema mayor.
Una cosa es que López Beltrán no nos guste. Otra, muy distinta, es aceptar que Washington pueda repartir castigos políticos selectivamente y presentarlos como si fueran actos universales de justicia. La crítica a Andy no obliga a aplaudir a Estados Unidos. Y defender la soberanía de México tampoco obliga a defender a Andy. Esa debería ser la diferencia entre una opinión política y una defensa ciega de una camiseta.