Rodrigo MeloLenia Batres Guadarrama llegó a la Suprema Corte por la vía más discreta que permite la Constitución. En diciembre de 2023, después de que el Senado rechazara dos veces las ternas enviadas, Andrés Manuel López Obrador ejerció una facultad que ningún presidente había usado y la designó ministra con la firma de un oficio, sin la mayoría calificada que no se alcanzó. Es un mecanismo legal y no es el primer ministro que llega por decisión presidencial. El punto no es cómo entró, sino qué ha hecho desde que entró.
Conviene reconocer un dato que ella exhibe con orgullo: en junio de 2025, ya con la reforma judicial en marcha, Batres se presentó a la elección judicial y obtuvo más de 5.8 millones de votos, la segunda ministra más votada del país. Es legitimidad de urnas y hay que registrarla. Aunque también conviene el contexto: la ganó siendo ya ministra en funciones y en una elección con participación cercana al 13% del padrón. La legitimidad de las urnas vino a ratificar la del capricho. Primero el nombramiento, después el respaldo: el orden inverso al que suele seguir la democracia.
Ya instalada, Batres construyó su marca. Se autodenominó «la ministra del pueblo», aunque después aclararía, cuando le convino, que ella nunca se puso ese apodo. Renunció al seguro de gastos médicos privados, pidió inscribirse al ISSSTE como cualquier trabajador y solicitó que le redujeran el sueldo. Gestos de austeridad que se agradecen y que, en el papel, la distinguen de la Corte de los salarios estratosféricos que tanto criticó. El problema es lo que el gesto tapa.
Porque la ministra del pueblo tiene, según los tabuladores de la propia Corte, un equipo de 78 colaboradores que le cuestan al erario más de cinco millones de pesos al mes. Setenta y ocho. Ella lo defiende diciendo que ninguno gana más que la presidenta de la República, como si el problema fuera el techo individual y no la nómina completa. Renunciar al seguro médico mientras se sostiene una estructura de casi ochenta personas es una forma curiosa de austeridad: la que ahorra en lo que se ve y gasta en lo que se cuenta menos. El pueblo, en el nombre. La estructura, en el presupuesto.
A la contradicción presupuestal se suma un detalle incómodo: el trabajo. En agosto de 2025, cuando la vieja Segunda Sala cerró por la reforma, entregó 47 asuntos pendientes de resolución. De esos, 36 eran de la ponencia de Batres. Setenta y siete por ciento del rezago de toda una sala concentrado en una sola ministra. Ella lo explicó con una frase que quiso ser defensa y resultó confesión: «Fui la ministra a la que más asuntos se le turnaron». Puede ser. También puede ser que ochenta asesores deberían alcanzar para no dejar la mayoría de los expedientes sin resolver.
Y luego está su jurisprudencia, que revela para qué pueblo trabaja realmente la ministra del pueblo. En abril de 2026, la Corte discutió si el IMSS debía cubrir aparatos auditivos, implantes cocleares y lentes para niños con discapacidad. El caso venía del amparo de un menor con discapacidad auditiva al que le habían negado la cobertura. Batres votó en contra de ampliarla, con el argumento de que el instituto no tenía capacidad presupuestal para asumir esa obligación de forma generalizada. Es decir, la ministra que llegó envuelta en la bandera de los de abajo priorizó la salud de las finanzas públicas sobre la de un niño sordo. Su discurso suena progresista hasta que toca la cartera del Estado; ahí se vuelve contadora. Defiende al erario, no al derechohabiente.
Todo esto sería una anécdota más de la nueva Corte si no fuera por lo que viene. En septiembre de 2027 termina el periodo de Hugo Aguilar como presidente del tribunal, y aquí aparece la parte que debería quitarle el sueño a más de uno. La reforma judicial dejó dos artículos que se contradicen: el 94, que ordena rotar la presidencia cada dos años según los votos obtenidos en la elección, y el 97, que dice que el Pleno elige al presidente cada cuatro años. Bajo la primera lectura, como Batres fue la segunda más votada, la presidencia de la Suprema Corte le tocaría casi por default. Un error de redacción legislativo podría poner el máximo tribunal del país en manos de una sola interpretación afortunada.
No está escrito en piedra, hay que aclararlo. La propia Sheinbaum reconoció que existe la contradicción constitucional y dijo que el asunto le corresponde resolverlo a la Corte. Circulan versiones de que el Pleno preferiría impulsar a Yasmín Esquivel, e incluso empresarios ya llevaron su preocupación a Palacio Nacional, lo cual dice bastante del nivel de alarma. La sucesión está en disputa. Pero que semejante posibilidad dependa de cómo se lea un choque de artículos, y no de los méritos de la aspirante, es en sí mismo el síntoma de una reforma hecha al aventón.
Porque ese es el fondo, y no la persona. Lenia Batres es el producto de un sistema que primero adelgazó los contrapesos y después se sorprende de sus propias criaturas. Gobierna su ponencia con un ejército mientras predica pobreza, acumula el rezago más alto de su sala y falla del lado del Estado cuando el pueblo toca a la puerta. Si mañana preside la Corte, no será una anomalía.
Será la conclusión lógica de todo lo anterior.
Rodrigo Melo Castro