Héctor O. CarriedoMéxico enfrenta una paradoja institucional que merece una reflexión profunda. Mientras la transición democrática amplió la competencia electoral, fortaleció el pluralismo y limitó la concentración del poder presidencial, también dejó al descubierto debilidades estructurales del Estado para preservar la gobernabilidad en todo el territorio nacional. En diversas regiones, la fragmentación política coincidió con el fortalecimiento de poderes fácticos, redes de corrupción y organizaciones criminales capaces de influir o capturar instituciones públicas locales.
Durante buena parte del siglo veinte, el presidencialismo mexicano concentró amplias facultades políticas para mantener subordinados a los gobiernos estatales. A través de mecanismos formales e informales, el Ejecutivo Federal conservaba la capacidad de disciplinar a los gobernadores y contener conflictos regionales. Se trataba de un modelo claramente centralista y con importantes déficits democráticos que, al mismo tiempo, dificultaba la consolidación de poderes locales autónomos capaces de desafiar al Estado nacional.
La alternancia presidencial iniciada en el año 2000 modificó profundamente ese equilibrio. El poder presidencial perdió capacidad de coordinación política sobre las entidades federativas sin que, paralelamente, se construyeran mecanismos constitucionales suficientemente eficaces para garantizar la responsabilidad política de los gobiernos estatales. El resultado fue un federalismo más plural, pero también más vulnerable frente a fenómenos de corrupción, impunidad, captura institucional y expansión del crimen organizado.
El problema no radica en el federalismo ni en la autonomía de las entidades federativas, sino en la insuficiencia de los instrumentos constitucionales para intervenir oportunamente cuando un gobierno estatal enfrenta crisis graves de gobernabilidad, presuntos vínculos con organizaciones criminales, corrupción sistémica o situaciones que comprometen la seguridad nacional y la soberanía del Estado mexicano.
Casos recientes, como el de Rubén Rocha Moya o los que involucran a las gobernadoras Maru Campos y Marina del Pilar Ávila, independientemente de la responsabilidad jurídica que en su momento determinen las autoridades competentes, han reabierto el debate sobre la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas aplicables a los titulares de los poderes ejecutivos estatales. La experiencia demuestra que los procedimientos actualmente previstos para el juicio político, la desaparición de poderes o la revocación de mandato suelen ser excesivamente lentos, complejos y políticamente difíciles de activar.
En este contexto, resulta pertinente abrir una discusión nacional sobre una segunda generación de reformas constitucionales que fortalezca la capacidad institucional del Estado mexicano sin debilitar el federalismo democrático. Ello implica revisar los artículos 35, 76 y 108 al 116 de la Constitución para establecer procedimientos más ágiles, garantías procesales claras y causales objetivas que permitan actuar con oportunidad cuando existan indicios sólidos de corrupción grave, infiltración criminal o pérdida significativa de la gobernabilidad.
Las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el nepotismo electoral y limitar la reelección consecutiva representan un avance importante para reducir la consolidación de cacicazgos regionales. Sin embargo, la renovación de las élites políticas debe complementarse con mejores filtros de selección de candidaturas, mecanismos permanentes de control patrimonial, evaluaciones de integridad y sistemas eficaces de prevención frente a la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales.
Fortalecer al Estado no significa regresar al presidencialismo autoritario del pasado. Significa construir un federalismo responsable, donde la autonomía de los estados vaya acompañada de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y donde ningún gobernador pueda escudarse en el pacto federal para evadir responsabilidades cuando existan evidencias suficientes de corrupción, captura institucional o conductas que comprometan la soberanía nacional.
La consolidación democrática del siglo veintiuno exige algo más que elecciones libres: requiere instituciones capaces de proteger el Estado de derecho frente a cualquier poder que pretenda capturarlo. La verdadera reforma pendiente consiste en lograr un equilibrio entre autonomía y responsabilidad, entre pluralismo y eficacia institucional. Solo así México contará con un federalismo moderno, democrático y suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.
La pregunta ya no es si México necesita fortalecer al Estado, sino cuánto tiempo más puede permitirse no hacerlo. Cada crisis de gobernabilidad, cada indicio de captura institucional y cada autoridad que evade la rendición de cuentas recuerdan que la democracia también exige eficacia. Construir un federalismo responsable no significa concentrar el poder, sino impedir que la autonomía se convierta en sinónimo de impunidad. Esa es, probablemente, la gran reforma institucional que definirá el futuro de la República.