Filiberto Cruz MonroyEl cobarde asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan volvió a desnudar una verdad que Michoacán lleva arrastrando desde hace décadas: el Estado ha perdido el control. Las palabras de condolencia y las promesas de justicia llegan siempre tarde, mientras la violencia se enquista más hondo en el tejido social. El crimen de Manzo no es un hecho aislado, sino el síntoma de una descomposición estructural que ni los gobiernos estatales ni los federales han sabido detener.
En respuesta al homicidio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que contempla 57 mil millones de pesos en inversión para seguridad, educación, salud, vivienda y empleo. Acompañada por su gabinete y por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Sheinbaum aseguró que el plan busca construir la paz desde la justicia y no desde la guerra. Anunció que el programa será revisado cada quince días y que los avances se darán a conocer mensualmente.
El discurso presidencial fue contundente. “Michoacán es un estado con historia, fuerza y dignidad”, dijo, al tiempo que condenó el “cobarde asesinato” de Manzo. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtió que no habrá impunidad y prometió acciones para investigar y detener a los responsables. El Ejército y la Marina anunciaron despliegues masivos: más de 10 mil elementos por parte de la Sedena y casi 1,800 de la Semar, con operaciones para “sellar” el estado y cortar los flujos del crimen organizado.
Pero las palabras y los números contrastan con una realidad amarga. Michoacán es un territorio marcado por la extorsión, el narcotráfico y la impunidad. Desde hace más de dos décadas, las bandas criminales han penetrado en los municipios, cobrando “cuotas” a productores, comerciantes y transportistas. Ni las administraciones pasadas ni la actual han logrado revertir esa dinámica.
El exgobernador Silvano Aureoles dejó un estado en ruinas, con cuerpos policiacos debilitados y una red de complicidades locales que permitió la expansión del crimen. El actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, no ha sido capaz de revertir esa tendencia. Aunque ha hablado de coordinación con la federación y de atender las causas de la violencia, los homicidios, las desapariciones y la extorsión siguen siendo parte del día a día en regiones enteras como Tierra Caliente, Uruapan y Zamora.
El Plan Michoacán llega, pues, en un contexto de hartazgo y desconfianza. Nadie duda de la necesidad de una estrategia integral ni del compromiso que exige el momento, pero la pregunta es inevitable: ¿será este plan realmente una política de Estado o solo una respuesta mediática ante la indignación por el asesinato de un alcalde? El tiempo lo dirá, pero la historia reciente no ofrece demasiadas esperanzas.
Las cifras millonarias y los discursos humanistas no bastan cuando la corrupción local, la debilidad institucional y la impunidad siguen siendo la norma. Michoacán no necesita únicamente más soldados ni helicópteros; requiere una reconstrucción profunda de sus instituciones y una verdadera depuración de sus cuerpos de seguridad. Mientras eso no ocurra, cualquier plan —por ambicioso que sea— corre el riesgo de convertirse en una estrategia para salir del paso, un paliativo político frente a la presión social.
Carlos Manzo fue asesinado por atreverse a gobernar en uno de los municipios más violentos del país. Su muerte, como la de tantos otros funcionarios y ciudadanos, revela el costo de la indiferencia acumulada. Ningún programa de paz podrá ser eficaz si no se rompe el ciclo de impunidad que permite a los criminales operar a la vista de todos.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia podría ser un punto de inflexión si se traduce en resultados verificables, si el seguimiento prometido por la presidenta se cumple y si los recursos se aplican con transparencia. Pero si se convierte en una simple vitrina política, terminará siendo otro documento olvidado en los archivos del fracaso. Michoacán merece más que promesas. Merece un gobierno capaz de asumir su responsabilidad, de enfrentar con decisión a quienes lucran con el miedo y de garantizar que crímenes como el de Carlos Manzo no queden impunes. La paz no se decreta: se construye con justicia real, instituciones sólidas y la valentía que, hasta ahora, los gobiernos no han tenido
@filibertocruz