RedacciónEl Congreso aprobó una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que formaliza dos nuevos órganos de decisión: el Gabinete Federal de Seguridad Pública y las Mesas de Paz, además de establecer un Sistema Nacional de Información que centralizará registros biométricos, telefónicos, vehiculares y fiscales. Los cambios, impulsados por Morena en sesiones aceleradas sin discusión pública, otorgan a la Secretaría de Seguridad acceso sin precedentes a bases de datos públicas y privadas para investigaciones criminales, generando críticas por posibles violaciones a la privacidad.
Nueva Arquitectura de Seguridad Nacional
La reforma crea estructuras paralelas al mando presidencial directo. El Gabinete Federal de Seguridad, definido en los artículos 20 y 21, concentrará las decisiones estratégicas con representantes de Sedena, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sesionará bajo coordinación de la SSPC y tendrá facultades para evaluar la Estrategia Nacional contra el crimen.
Las Mesas de Paz, replicando el modelo de reuniones diarias implementado por el Ejecutivo, obligarán a gobernadores y alcaldes a participar cuando sean convocados. El artículo 12 establece sanciones no especificadas para municipios que incumplan.
Acceso Ilimitado a Datos Sensibles
Los artículos más polémicos (24 al 27) autorizan a la SSPC y al CNI a consultar sin orden judicial:
- Registros biométricos y telefónicos
- Padrones vehiculares y de propiedad
- Datos bancarios y fiscales
- Información de servicios de salud y transporte
Empresas privadas deberán colaborar con las autoridades bajo el argumento de «fortalecer líneas de investigación». Expertos en protección de datos advierten que esto vulnera el artículo 16 constitucional, que exige mandato judicial para intervenciones a la privacidad.
Mando Único y Coordinado: Federalización Discrecional
La reforma introduce dos modelos de control policial:
El mando único (artículo 42) permite que el gobierno federal asuma el control total de seguridad en municipios sin policía propia o que lo soliciten. El mando coordinado (artículo 43) divide funciones operativas (para estados) y administrativas (para municipios), siempre mediante convenios donde la federación define los términos.
Críticos señalan que esto consolida un modelo centralista, eliminando autonomías locales. «Es la antesala de la militarización completa», afirmó un diputado opositor durante la sesión.
Controversias por Cambios de Última Hora
El dictamen final eliminó garantías clave presentes en versiones preliminares, como la exigencia de que las instituciones de seguridad fueran «profesionales y de carácter civil«. Tampoco se incluyeron mecanismos claros de supervisión para el uso del Sistema Nacional de Inteligencia, que operará bajo un Consejo General presidido por Claudia Sheinbaum con representantes de 12 dependencias.
Organizaciones civiles preparan recursos legales, argumentando que la reforma:
- Carece de estudios de impacto en derechos humanos
- Fue aprobada sin consulta a expertos
- Crea riesgos de espionaje político
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