La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó este sábado el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el proceso electoral del pasado 1 de junio, en el que México eligió por voto popular a integrantes del Poder Judicial. Durante una gira de trabajo por el estado de Morelos, Sheinbaum afirmó que el organismo no tiene facultades para hacer recomendaciones sobre cómo un país debe decidir su sistema judicial, calificando el documento como una intromisión en asuntos internos.
Sheinbaum acusa a la OEA de rebasar sus funciones
La presidenta fue contundente al declarar que “no está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial”. Estas palabras surgen como respuesta directa al informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que desaconsejó replicar el modelo mexicano de elección judicial por voto popular.
Durante su mensaje, Sheinbaum subrayó la soberanía nacional como principio rector en la organización del sistema judicial y defendió la legitimidad del proceso electoral, celebrado el 1 de junio. «México tiene derecho a elegir su sistema sin injerencias externas», sentenció.

La SRE también responde a la OEA
La postura oficial del gobierno fue respaldada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que envió una nota diplomática al secretario general de la OEA, Albert Ramdin. En el documento, la dependencia encabezada por Juan Ramón de la Fuente rechazó formalmente varias de las recomendaciones del informe preliminar, argumentando que la misión observadora excedió su mandato y violó principios de no injerencia estipulados en la Carta de la Organización.
Particularmente, la cancillería citó el artículo 3 (e) del documento fundacional de la OEA, que establece que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social”. Según la SRE, al emitir juicios de valor sobre la elección judicial, la Misión rebasó su papel técnico y entró en un terreno político inapropiado.
¿Qué dijo la OEA en su informe preliminar?
En su evaluación, presentada el pasado viernes, la OEA expresó preocupaciones sobre el modelo de selección por voto popular de jueces, señalando que no debería replicarse en otros países de la región. El documento argumenta que la elección fue un proceso complejo y polarizante, desarrollado en un tiempo reducido y con alta conflictividad política.
Además, destacó el bajo nivel de participación ciudadana, uno de los más bajos en la región para comicios electorales, y un alto porcentaje de votos nulos y no marcados, lo que en opinión de la Misión representa un déficit de legitimidad y comprensión del electorado.
Participación y contexto político
La elección judicial del 1 de junio marcó un precedente histórico al ser la primera vez que jueces y magistrados fueron electos mediante el voto directo de los ciudadanos en México. No obstante, este ejercicio se llevó a cabo en medio de una alta polarización política y con escasa preparación ciudadana sobre los perfiles y funciones de los candidatos judiciales.
Según el informe de la OEA, “la Misión observó que este proceso se llevó a cabo en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad”. Estos factores contribuyeron, según la observación, a un resultado poco representativo.
Debate abierto sobre la legitimidad del modelo
Las reacciones encontradas entre el gobierno de México y la OEA abren un nuevo debate regional sobre la idoneidad de elegir a integrantes del Poder Judicial mediante el sufragio universal. Mientras que el Ejecutivo mexicano defiende el proceso como un acto democrático soberano, la OEA advierte sobre los riesgos que implica someter al voto popular cargos que demandan alta especialización jurídica y autonomía técnica.
Este desencuentro también pone en duda el futuro del modelo, al tiempo que genera interrogantes sobre cómo se podrían mejorar los mecanismos de participación en elecciones de este tipo.

¿Qué sigue?
A pesar del rechazo del gobierno mexicano, el informe final de la OEA será publicado en las próximas semanas. Aunque no es vinculante, su contenido podría tener impacto diplomático y mediático, especialmente si otros organismos internacionales o gobiernos emiten posicionamientos al respecto.
En tanto, la administración de Sheinbaum ha reiterado que continuará con la implementación de su reforma judicial conforme a los lineamientos ya establecidos, insistiendo en que se trata de una transformación necesaria para garantizar independencia y transparencia en el Poder Judicial.
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