Filiberto Cruz MonroyMéxico cerró el 2024 con importantes modificaciones legales. En la edición vespertina del 31 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma al artículo 19 de la Constitución mexicana, añadiendo delitos como la extorsión, la emisión de comprobantes fiscales falsos y los crímenes relacionados con el fentanilo al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta decisión marca un punto de controversia, pues desafía directamente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a México eliminar esta figura legal.
El impulso para estas modificaciones comenzó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, cuando propuso ampliar la lista de delitos sujetos a prisión preventiva automática. Aunque la aprobación se retrasó, la victoria de Morena y sus aliados en las elecciones de junio de 2024 permitió su consolidación en el Congreso, dejando fuera algunos delitos como el narcomenudeo.
La prisión preventiva oficiosa, vigente desde 2008, es considerada una herramienta clave en la estrategia de seguridad pública de los gobiernos mexicanos. Sin embargo, esta medida es ampliamente criticada por organismos internacionales, ya que envía automáticamente a prisión a los procesados por ciertos delitos, sin permitir que un juez evalúe riesgos como la fuga o la obstrucción de la justicia.
La reforma al artículo 19 contradice abiertamente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron 17 años en prisión sin una condena. Este tribunal internacional calificó a la prisión preventiva oficiosa como una práctica contraria a las garantías internacionales y dio a México un plazo de un año para eliminarla. A 19 meses del fallo, el Gobierno no solo ha incumplido, sino que ha reforzado esta figura.
En la práctica, miles de imputados permanecen en prisión durante años, a menudo sin sentencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre los derechos humanos y el acceso a la justicia en el país.
Esta reforma profundiza el debate sobre la efectividad de la prisión preventiva oficiosa como herramienta de seguridad y su compatibilidad con los compromisos internacionales de México. Mientras tanto, el país enfrenta una creciente presión de la comunidad internacional para respetar las garantías procesales de los acusados y reformar su sistema penal.