Filiberto Cruz MonroyA menos de seis horas de su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma de supremacía constitucional ha sido ratificada por los Congresos de nueve estados en México. Esta iniciativa, impulsada por el partido Morena, busca que la Suprema Corte de Justicia y los juzgados no puedan invalidar las modificaciones que el Congreso realice a la Constitución.
Los estados que han respaldado esta reforma son Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora, Campeche, Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Durango, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí y Nayarit. Zacatecas se convirtió en el primero en aprobar la reforma, logrando el consenso en menos de una hora con 18 votos a favor y 10 en contra. Tabasco siguió rápidamente, con 24 votos a favor y ocho en contra, destacando su gobernador, Javier May, el apoyo del Congreso hacia importantes programas sociales.
En la Ciudad de México, la minuta fue aprobada con 44 votos a favor y 20 en contra, aunque el diputado Royfid Torres de Movimiento Ciudadano expresó su firme oposición, calificando la reforma como una de las peores propuestas presentadas. La rápida aprobación se replicó en Sonora, donde la iniciativa fue respaldada con una mayoría de votos tras una sesión convocada con apenas 11 minutos de antelación.
Quintana Roo también se sumó a la lista, aprobando la reforma durante una sesión ordinaria con 17 votos a favor y 4 en contra. Baja California y Campeche hicieron lo mismo, con 19 votos a favor y 15 en contra, respectivamente. Por su parte, el Congreso de Hidalgo aprobó la reforma a las 2:00 horas del jueves, y el Congreso de Oaxaca lo hizo en un proceso rápido y sin debate, logrando 38 votos a favor y cero en contra. Finalmente, Nayarit también dio su visto bueno con 23 votos a favor y 6 en contra.
La reforma, que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, fue aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, ignorando las propuestas de modificación presentadas por la oposición. Conocida como la reforma de “supremacía constitucional”, esta medida busca limitar la capacidad de la Suprema Corte para declarar inválidas las modificaciones constitucionales en sus resoluciones sobre controversias y acciones de inconstitucionalidad.