Jair FigueroaRosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, urgió este martes a terminar con los matrimonios arreglados, las uniones forzadas y el embarazo adolescente, al presentar una estrategia nacional que se implementará en 50 municipios prioritarios del país.
La presentación ocurrió durante la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), donde Rodríguez subrayó que estos fenómenos constituyen una “violación a los derechos humanos” y una preocupación central para la presidenta Claudia Sheinbaum.
La estrategia, llamada Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, buscará prevenir, atender y erradicar la violencia sexual, las uniones tempranas y el embarazo adolescente a través de recursos focalizados y sanciones claras para quienes incurran en estas prácticas.
El foco: 50 municipios con mayor incidencia
El nuevo plan nacional se enfocará en los 50 municipios con mayor número de casos de violencia sexual, uniones forzadas y embarazos adolescentes, según el diagnóstico demográfico presentado por Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Los recursos para implementar esta estrategia provendrán del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), administrado por la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández.
Este financiamiento permitirá acciones coordinadas con gobiernos estatales y municipales para generar entornos seguros, fortalecer los derechos reproductivos y sancionar a quienes vulneran los derechos de niñas y adolescentes.
El diagnóstico: causas estructurales y desigualdad
Durante la sesión, Rodríguez Ramírez expuso que las causas estructurales de estos fenómenos están relacionadas con la pobreza, la desigualdad de género, la falta de acceso a educación integral en sexualidad, así como patrones culturales que normalizan el control sobre el cuerpo y vida de las mujeres jóvenes.
También alertó que las uniones tempranas, muchas veces disfrazadas de “costumbre” o “acuerdo familiar”, no sólo vulneran derechos, sino que perpetúan ciclos de pobreza, violencia e invisibilidad social.
Rechazo tajante a la impunidad
La secretaria de Gobernación fue enfática en que habrá sanciones para quienes promuevan, faciliten o se beneficien de uniones forzadas antes de los 18 años.
“No hay justificación cultural, religiosa ni económica para obligar a una niña a casarse o unirse. Eso se llama violencia y tiene que terminar”, sentenció Rodríguez.
La titular de Segob recalcó que esta es una prioridad directa de la presidenta Sheinbaum, quien ha instruido una política pública clara, firme y con enfoque de derechos humanos.
Enfoque territorial con perspectiva de género
La estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras” operará con un enfoque interinstitucional que vincula a Segob, CONAPO, la Secretaría de las Mujeres, gobiernos estatales y municipales, así como organizaciones comunitarias.
Además, se fortalecerán los servicios de salud sexual y reproductiva, programas de apoyo económico y acompañamiento psicológico y jurídico para las víctimas de violencia.
Urge cambiar la cultura: evitar la normalización
En su intervención, Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, hizo un llamado a no normalizar las uniones infantiles ni los embarazos adolescentes, al considerar que se trata de “una forma de violencia institucionalizada que debe ser erradicada de raíz”.
Además, reconoció que muchas veces estos casos no son denunciados por miedo, estigmatización o por falta de acceso a mecanismos de protección.
Un esfuerzo integral con base en evidencia
El gobierno federal asegura que esta estrategia está sustentada en datos, diagnósticos regionales y participación comunitaria. La meta no sólo es prevenir los casos nuevos, sino también intervenir en donde ya se presentaron, brindar justicia y evitar la revictimización.
Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso con la niñez y adolescencia mexicana y coincidieron en que la protección de sus derechos no es negociable ni sujeta a usos y costumbres.
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