El diputado federal Ulises Mejía Haro informó este lunes en Ciudad de México que el dictamen de reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales incorpora cambios de fondo para fortalecer la relación entre agua y tierra, esenciales —dijo— para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. Las declaraciones se dieron durante una conferencia con medios, donde el legislador explicó por qué estas modificaciones buscan brindar certidumbre jurídica a productores rurales y mejorar la gestión hídrica nacional.
Un dictamen que reconoce la importancia del agua ligada a la tierra
De acuerdo con Mejía Haro, el documento elaborado en la Cámara de Diputados establece que el acceso al recurso hídrico y las reglas para su transmisión deben estar estrechamente vinculados al uso de la tierra, ya que la concesión de agua incrementa el valor de las parcelas. Por ello, consideró indispensable contar con normas claras que eviten incertidumbre en actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas.
El diputado subrayó que un campo productivo “no puede garantizarse si no existen reglas claras para que las y los productores tengan certidumbre sobre el acceso y la transmisión del recurso hídrico ligado a la tierra”. Aseguró que esta visión integral busca reducir conflictos, promover transparencia y evitar prácticas discrecionales en la gestión del agua.
Heredar el agua: uno de los avances más importantes
Uno de los puntos centrales del dictamen —destacó Mejía Haro— es el fortalecimiento del mecanismo para heredar y transmitir concesiones de agua a familiares directos. Por primera vez, la legislación incorporará un procedimiento “claro, verificable y jurídicamente sólido” para garantizar que hijas, hijos, cónyuges y familiares en línea directa puedan continuar utilizando el agua concesionada.
Esto, afirmó, permitirá proteger el patrimonio productivo de las familias rurales, evitar abusos y asegurar la continuidad de actividades agrícolas en miles de parcelas del país. La falta de procedimientos específicos había provocado durante años conflictos legales y discrecionalidad administrativa en procesos sucesorios.
El agua como derecho humano ampliado
Otro cambio relevante —explicó el legislador— es la ampliación del concepto de derecho humano al agua, que ya no solo se limitará al uso personal y doméstico. Con las reformas, también se reconocerán legalmente los usos agrícola, pecuario y acuícola, lo que refleja la relación directa entre el acceso al recurso y la producción de alimentos.
“Sin agua suficiente se disminuye la producción de alimentos”, enfatizó Mejía Haro, asegurando que el dictamen representa un paso decisivo hacia una política hídrica integral, donde la tierra y el agua se gestionen de manera coordinada y prioritaria.
Más certidumbre para las concesiones y sus prórrogas
El diputado explicó que la iniciativa también amplía los plazos para solicitar la prórroga de concesiones, lo cual brindará mayor seguridad jurídica a quienes dependen del recurso para trabajar la tierra. Esto permitirá que los usuarios gestionen sus títulos sin enfrentar caducidades anticipadas ni procesos administrativos que limiten su productividad.
Restitución del Órgano de Cuenca y supervisión reforzada
El dictamen restituye el Órgano de Cuenca, ahora con una capacidad de planeación y supervisión más sólida, donde participarán usuarios y autoridades locales. Este nuevo diseño institucional permitirá una administración más cercana a las condiciones territoriales de cada región del país, atendiendo necesidades específicas y promoviendo el uso eficiente del recurso hídrico.
Además, se incorporan reglas estrictas para impedir la acumulación excesiva de volúmenes de agua por una sola persona física o moral, prohibiendo prácticas de acaparamiento y obligando a que los volúmenes concesionados se utilicen exclusivamente para el fin autorizado.
Sanciones, transparencia y vigilancia del agua
Mejía Haro detalló que el dictamen establece sanciones para quienes desvíen, renten o utilicen volúmenes de agua en actividades distintas a las autorizadas. También contempla un Sistema Nacional de Información Hídrica, así como la creación de un padrón público de concesiones y mecanismos de monitoreo permanente para asegurar transparencia y trazabilidad.
Asimismo, los Consejos de Cuenca serán fortalecidos, y se amplía la corresponsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en la supervisión del recurso. También se fijan normas más estrictas para el reúso del agua tratada y medidas para recuperar acuíferos, zonas críticas y ecosistemas vulnerables.
Apoyo a comunidades rurales y pueblos originarios
El dictamen integra criterios diferenciados para pequeñas comunidades rurales, pueblos originarios y pequeños productores agrícolas, simplificando trámites y reconociendo su derecho histórico al agua. Mejía Haro afirmó que esto permitirá reducir desigualdades y evitar que la burocracia limite la actividad productiva de quienes más dependen del recurso.
Una visión de largo plazo
El diputado concluyó que todas las medidas buscan garantizar el agua para las familias y para el campo mexicano, fortalecer la soberanía alimentaria y sentar bases sólidas para una gestión sustentable del recurso hídrico. Reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el legislativo para lograr un dictamen equilibrado, justo y con plena protección al patrimonio productivo de las y los zacatecanos.
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