Jair FigueroaLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Gobierno de Estados Unidos asestaron un golpe financiero a la estructura económica del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La autoridad mexicana denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 55 personas y empresas antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) hiciera públicas sus sanciones. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la operación coordinada bloqueó cuentas bancarias, bienes y transacciones para evitar la fuga de capitales ilícitos en ambos países.
Red de empresas y congelamiento de fondos del CJNG
La investigación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro identificó a 39 personas físicas y 16 personas morales relacionadas con el grupo delictivo. Las autoridades detectaron discrepancias graves entre los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los movimientos registrados en el sistema bancario.
Entre las irregularidades encontradas por la UIF destacan:
- Manejo constante de dinero en efectivo e inversiones en activos virtuales.
- Compra de inmuebles, joyas y vehículos de alta gama.
- Transferencias internacionales frecuentes.
- Operación de empresas fachada en sectores de construcción, tequila, gasolineras y transporte.
La UIF incluyó a los sospechosos en la Lista de Personas Bloqueadas. Esta medida impide que realicen cualquier transacción dentro del sistema financiero mexicano. Además, las autoridades agregaron a ocho objetivos locales que no aparecían en el expediente original estadounidense.
FGR asume investigación federal tras vacíos en investigaciones estatales
Entre los principales operadores financieros señalados en el expediente destacan Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”; Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; y Juan Carlos González, conocido como “El Pelón”, identificado como actual dirigente de la organización.
Pese a la magnitud del operativo, la Fiscalía de Jalisco informó que no cuenta con órdenes de aprehensión vigentes ni investigaciones activas a nivel local contra varios de los señalados. La dependencia estatal aclaró que la investigación recae en la FGR, por tratarse de delitos de orden federal como delincuencia organizada y lavado de dinero.
El bloqueo masivo busca ahogar la capacidad operativa de la red criminal. Las autoridades federales mantendrán la vigilancia sobre los activos asegurados mientras la FGR integra las carpetas de investigación para presentarlas ante un juez.
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