RedacciónEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este jueves el dictamen científico aprobado en 2009 durante la administración de Barack Obama, que calificaba a los gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud pública, en una decisión anunciada desde la Casa Blanca que elimina la base legal de las regulaciones federales para limitar emisiones contaminantes en vehículos y fuentes fijas, vigentes durante los últimos 17 años.
Ese “hallazgo de peligro” había servido como base legal para las regulaciones federales que limitaban las emisiones contaminantes, especialmente en vehículos. La Casa Blanca calificó la medida como “la mayor desregulación en la historia de Estados Unidos”, argumentando que abaratará los costos de producción de automóviles en unos 2,400 dólares por unidad. Grupos ambientalistas denunciaron que la decisión representa el retroceso más significativo en materia de cambio climático en Estados Unidos y anunciaron que impugnarán la medida en tribunales.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) había concluido en 2009 que seis gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono y el metano, representaban un peligro para la salud humana. Dicha determinación, conocida formalmente como “endangerment finding”, fue emitida tras un fallo de la Corte Suprema que obligó a la EPA a regular las emisiones contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio. La revocación anunciada este jueves deja sin efecto esa obligación legal y libera a la agencia de la responsabilidad de fijar límites a las emisiones de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.
El mandatario defendió la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, tratado internacional firmado por 196 países en 2015 para limitar el aumento de la temperatura global. Trump argumentó que el pacto imponía restricciones injustas a la economía estadounidense y que “Estados Unidos no debe cargar con los costos de otros países”. Esta es la segunda ocasión en que Trump retira a Estados Unidos del acuerdo climático, luego de haberlo hecho durante su primer mandato en 2017, decisión que fue revertida por Joe Biden en 2021.
Además, su administración ha sido criticada por informes climáticos que expertos calificaron como “argumentos zombis”, al tergiversar evidencia científica y sembrar dudas sobre el consenso internacional respecto al cambio climático. La decisión de revocar el fallo de 2009 no solo afecta la política interna de Estados Unidos, sino que también debilita los compromisos internacionales frente al cambio climático. Al ser uno de los principales emisores históricos de gases contaminantes, el retroceso regulatorio genera preocupación en la comunidad internacional y podría complicar futuras negociaciones multilaterales.
Mientras la Casa Blanca insiste en que la medida reducirá costos y beneficiará a la industria automotriz, los críticos sostienen que el impacto a largo plazo será negativo para la salud pública y el medio ambiente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la decisión en conferencia de prensa al señalar que “el presidente Trump está cumpliendo su promesa de eliminar regulaciones onerosas que encarecen la vida de las familias trabajadoras y destruyen empleos en el sector automotriz”.
La Asociación de Fabricantes de Automóviles emitió un comunicado en el que calificó la revocación como “un paso positivo para la competitividad de la industria estadounidense”, aunque evitó pronunciarse sobre las implicaciones ambientales de la medida. En contraste, la Alianza de Autos, que representa a principales fabricantes internacionales con operaciones en Estados Unidos, optó por no emitir declaraciones y mantiene una postura de reserva mientras evalúa las implicaciones legales.
La reacción internacional no se hizo esperar. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su decepción a través de su portavoz y recordó que “la ciencia es clara: los gases de efecto invernadero representan una amenaza existencial para la humanidad”. La Unión Europea, a través de su comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, señaló que “ningún país puede resolver la crisis climática por sí solo, pero cualquier país puede empeorarla con decisiones unilaterales”.
En el frente interno, una coalición de 22 estados gobernados por demócratas, encabezados por California y Nueva York, anunció que presentará demandas en tribunales federales para impugnar la revocación. El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que “la ley no permite que un presidente borre de un plumazo la ciencia y ponga en riesgo la salud de 330 millones de estadounidenses”. Los demandantes argumentarán que la EPA no siguió el procedimiento administrativo adecuado para revertir un hallazgo científico respaldado por abundante evidencia.
Organizaciones ambientalistas como el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y el Sierra Club anunciaron que se sumarán a las impugnaciones legales. Gina McCarthy, quien fungió como administradora de la EPA durante el gobierno de Obama y posteriormente como asesora climática de Biden, calificó la medida como “un acto de negligencia criminal” y advirtió que “las consecuencias de este retroceso se medirán en vidas humanas y años de vida perdidos por enfermedades respiratorias y cardiovasculares”.
El anuncio de Trump ocurre a menos de un mes de que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicara su séptimo informe de evaluación, donde advierte que el mundo se encamina a un aumento de temperatura superior a los 3 grados Celsius si no se implementan reducciones drásticas e inmediatas de emisiones. El informe, elaborado por más de 800 científicos de 90 países, señala que Estados Unidos es responsable del 20 por ciento de las emisiones históricas de dióxido de carbono.
Analistas políticos señalan que la decisión forma parte de la estrategia de Trump para movilizar a su base electoral de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Encuestas recientes indican que el 62 por ciento de los votantes republicanos considera que las regulaciones ambientales son excesivas, mientras que solo el 28 por ciento de los demócratas comparte esa opinión. La brecha partidista en materia climática se ha ampliado durante la última década y constituye uno de los temas más polarizantes del debate público estadounidense.
La revocación del dictamen de 2009 no implica la derogación automática de todas las regulaciones existentes, pero priva a futuras administraciones de la base legal para imponer nuevos límites. Cualquier intento de restablecer el hallazgo de peligro requeriría un nuevo proceso administrativo que podría tomar años y estaría sujeto a impugnaciones judiciales. El gobierno de Trump ha impulsado simultáneamente la eliminación de más de 100 normas ambientales desde 2025, incluyendo estándares de eficiencia vehicular y límites a emisiones de metano en yacimientos petroleros.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media