RedacciónLa Casa Blanca explicó este martes que está evaluando deportar a ciudadanos estadounidenses que cometan crímenes graves al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, a la que ya han sido enviados decenas de migrantes expulsados de Estados Unidos.
Así lo afirmó la portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, el día después de que el presidente Donald Trump expresara durante una reunión en el Despacho Oval con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, su deseo de encerrar también en esa prisión a estadounidenses.
“Solo se aplicaría a delincuentes extremadamente violentos y reincidentes”, puntualizó.
Trump fue más allá. Expresó su deseo de incluir a criminales locales en los planes de deportación. “Tenemos suficientes problemas con nuestros criminales. Me gustaría sacarlos del país”, declaró ante Bukele.
Esta postura ha despertado un intenso debate en círculos jurídicos y de derechos humanos. Expertos legales afirman que deportar ciudadanos estadounidenses violaría la Constitución. La medida, de concretarse, abriría un precedente sin igual.
Bukele, por su parte, ofreció el Cecot como destino para criminales de cualquier nacionalidad. El Cecot ha sido criticado por sus duras condiciones y aislamiento extremo, pero también es visto por algunos como un símbolo de mano dura.
En marzo, la Administración Trump ya envió allí a más de 260 migrantes acusados de pertenecer a pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, sin procesos judiciales en Estados Unidos.
El futuro inmediato plantea un dilema legal y ético de proporciones históricas. ¿Puede una nación deportar a sus propios ciudadanos por razones de seguridad? La discusión apenas comienza.
Prospectiva:
Si esta medida avanza, redefinirá los límites de la soberanía individual y los derechos ciudadanos en Estados Unidos. La iniciativa podría marcar un antes y un después en política migratoria y penal.