Filiberto Cruz MonroyEl presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado su intención de declarar el estado de emergencia nacional para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes. A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, anunció que la próxima administración de Trump utilizaría recursos militares, incluido el Ejército y la Guardia Nacional, para enfrentar lo que describen como una «invasión» de migrantes. Trump, quien asumirá oficialmente el cargo el 20 de enero, respondió afirmativamente al mensaje con un rotundo «¡Es verdad!».
El anuncio de Trump sobre el uso de la fuerza militar para las deportaciones masivas ha generado gran controversia. La Guardia Nacional, que está bajo el mando de los gobernadores estatales, podría ser desplegada para cumplir con este objetivo, en caso de que sea necesario, según lo afirmó el presidente electo. Sin embargo, Trump también ha indicado que, si la Guardia Nacional no fuera suficiente para la magnitud de la tarea, recurriría a las tropas federales. Este enfoque agresivo hacia la inmigración ilegal ha sido una de sus promesas de campaña más destacadas.
Desde su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre, Trump ha intensificado sus esfuerzos para ejecutar un plan de expulsión masiva de migrantes, a quienes ha calificado de diversas maneras despectivas, como «asesinos», «salvajes» e incluso responsables de «envenenar la sangre» de Estados Unidos. Estas declaraciones han generado una fuerte reacción tanto a nivel nacional como internacional, especialmente entre los grupos defensores de los derechos humanos, que temen por el bienestar de los más de 11 millones de migrantes en situación irregular que viven en el país.
Trump también ha dado pasos concretos en la formación de su equipo encargado de la seguridad fronteriza. Recientemente, nombró a Tom Homan como «zar de la frontera», un cargo que se centra en las políticas migratorias y la gestión de las expulsiones. Homan, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es conocido por su enfoque duro hacia la inmigración, y su nombramiento ha sido recibido con preocupación por los defensores de los derechos humanos debido a su participación en políticas controvertidas, como la separación de miles de niños migrantes de sus padres entre 2017 y 2018.
El presidente electo también ha reforzado su equipo con figuras conocidas por su postura firme contra la inmigración. Kristi Noem, quien liderará el Departamento de Seguridad Interior, será responsable de las aduanas, fronteras y la gestión de la migración, mientras que Mike Waltz asumirá el cargo de asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Estos nombramientos refuerzan la determinación de Trump para implementar su visión de una política migratoria más restrictiva y de control más severo en las fronteras de Estados Unidos.
Sin embargo, este enfoque de deportaciones masivas y el uso del ejército para hacer cumplir las leyes de inmigración ha generado preocupaciones en diversos sectores. Organizaciones de derechos humanos han expresado su alarma por las posibles violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes, mientras que economistas advierten sobre los efectos negativos que esta política podría tener en la economía estadounidense.