Héctor O. CarriedoLa nueva andanada verbal de Donald Trump contra México no es un hecho aislado ni un simple exceso retórico de campaña hacia noviembre de 2026. Es parte de una estrategia de presión política y mediática que busca reinstalar una vieja lógica imperial: presentar a América Latina como territorio bajo supervisión de Washington y convertir cualquier problema interno de la región en pretexto para justificar su injerencia e intervención.
Los encabezados estridentes de los medios todavía hegemónicos en nuestro país que anuncian que “Estados Unidos atacará a los narcos si México no lo hace” pretenden sembrar miedo, incertidumbre y la percepción de que una intervención militar estadounidense sería inminente. Pero detrás del ruido mediático hay más propaganda política que realismo estratégico.
Es inegable que existe presión real de Washington y que el discurso estadounidense se ha endurecido. También que sectores republicanos han comenzado a recolocar la narrativa de los “narco-gobiernos” y la designación de cárteles como organizaciones terroristas. Pero de ahí a una invasión terrestre inmediata contra México hay un abismo político, económico y diplomático que los medios corporativos tradicionales mexicanos -como Tv Azteca, en franca e intensa campaña contra el gobierno de México- deliberadamente omiten.
México es el principal socio comercial de Estados Unidos, pieza clave de su economía, de su industria automotriz, energética y alimentaria. Una incursión militar unilateral no solo incendiaría y debilitaría la relación bilateral, sino también provocaría un cisma económico y geopolítico de dimensiones impredecibles e indeseables para ambos países.
Washington lo sabe. Por eso, detrás de los discursos agresivos de Trump o de cualquiera de los funcionarios de su equipo, lo que perfilan no es una “invasión” aunque fuera “quirúrgica”, sino el uso intensivo (y chocante) de mecanismos de presión indirecta: sanciones financieras, operaciones injerencistas de inteligencia y espionaje, campañas mediáticas, presión diplomática y utilización política del tema del narcotráfico como herramienta electoral.
En efecto, el narcotráfico se ha convertido en mercancía política electoral dentro de Estados Unidos. La clientela electoral del trumpismo se moviliza cuando se le habla de cárteles de la droga, fronteras “fuera de control” y supuestos “narco-estados”. El simplismo de Trump acude siempre al lugar común de los “enemigos externos” para alimentar su narrativa de “fuerza” y presentarse como el hombre dispuesto a hacer lo que otros presidentes “no se atrevieron”.
En ese contexto también deben entenderse las acusaciones contra figuras como Rubén Rocha Moya. Aunque existan investigaciones, filtraciones o presiones provenientes de sectores estadounidenses, eso no equivale automáticamente a culpabilidad judicial. La exigencia de Claudia Sheinbaum de presentar pruebas y no simples dichos no es una postura radical ni defensiva: es un principio básico de legalidad y soberanía. Aceptar acusaciones mediáticas extranjeras como sentencias definitivas implicaría renunciar al propio sistema jurídico mexicano.
Eso no significa negar la gravedad del problema del narcotráfico ni minimizar la infiltración criminal en estructuras políticas y económicas. El crimen organizado sí representa una amenaza profunda para el Estado mexicano. Hay regiones enteras, como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, donde la capacidad institucional ha sido erosionada durante décadas por corrupción, violencia y captura territorial.
Pero justamente por la gravedad del problema, el análisis debe hacerse con seriedad y no desde el sensacionalismo. Las armas no aparecen mágicamente en México; el dinero del narcotráfico no se lava solo, y el mercado más grande de drogas del mundo está del otro lado de la frontera.
Por eso es fundamental que el gobierno mexicano mantenga una posición firme, no de confrontación sino de dignidad nacional. Cooperar con Estados Unidos no puede significar obedecer ciegamente sus intereses electorales o sus presiones mediáticas.
México – en un marco de respeto mutuo, colaboración y coordinación – debe seguir enfrentando al crimen organizado, pero solo en el marco de la Constitución y las leyes mexicanas y defendiendo la soberanía nacional, no bajo amenazas y condicionamientos dictados desde Washington.
La relación México-Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en materia de seguridad, pero todavía opera bajo una lógica de interdependencia estratégica. Washington necesita estabilidad en México tanto como México necesita estabilidad económica con Estados Unidos.