El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la congelación inmediata de todas las subvenciones y préstamos federales, una medida que podría perjudicar programas esenciales de educación, salud y asistencia social que benefician a millones de estadounidenses. La decisión también incluye fondos para ayuda exterior y diversas organizaciones no gubernamentales.
De acuerdo con un memorando emitido por Matthew J. Vaeth, director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), la medida busca garantizar que todos los fondos federales cumplan con las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Estas órdenes incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
La congelación afectará recursos destinados a préstamos estudiantiles, investigación médica, asistencia alimentaria y financiación de programas de apoyo para veteranos y personas con discapacidad. También perjudicará la recuperación en regiones devastadas por desastres naturales, como los incendios en California y las inundaciones en Carolina del Norte, áreas que Trump visitó recientemente prometiendo apoyo federal.
Durante una rueda de prensa, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la medida como “un golpe directo contra las familias estadounidenses”, subrayando que los efectos negativos se sentirán tanto en estados republicanos como demócratas. Además, destacó que esta decisión afectará tanto a las ciudades como a las zonas rurales.
La orden entrará en vigor este martes a las 17:00 horas, y las agencias federales tendrán hasta el 10 de febrero para presentar informes detallados de los proyectos suspendidos, según el memorando oficial.
La decisión ya ha generado reacciones legales. Cuatro grupos, que representan a organizaciones sin fines de lucro, profesionales de la salud pública y pequeñas empresas, presentaron una demanda contra el gobierno de Trump ante un tribunal federal en Washington. Estos colectivos argumentan que la congelación interrumpirá programas críticos, incluyendo educación, atención médica, vivienda y asistencia en casos de desastre.
Matthew Vaeth justificó la medida argumentando que el dinero debe alinearse con las prioridades de la administración, incluidas las recientes políticas para eliminar los programas DEI. Sin embargo, esta decisión enfrenta cuestionamientos legales, ya que la Constitución otorga al Congreso el control sobre los gastos federales.
El senador Schumer advirtió que la decisión tendrá un “impacto devastador” y que la Ley de Control de Embargos de 1974 podría estar siendo vulnerada. Según Schumer, esta medida representa una expansión peligrosa del poder presidencial y podría provocar un daño significativo a las comunidades más vulnerables del país.
