Filiberto Cruz MonroyEl gobierno del presidente Donald Trump marcó un nuevo capítulo en su política migratoria al autorizar este martes redadas en escuelas, iglesias, hospitales y otros sitios previamente considerados protegidos. Esta decisión revoca una directriz clave de la administración de Joe Biden que buscaba preservar estos lugares como espacios seguros para inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó esta medida argumentando que permite a los agentes migratorios actuar sin restricciones para localizar y capturar a «criminales extranjeros» que, según ellos, se esconden en estos espacios. Sin embargo, el comunicado no ofreció pruebas concretas que respalden dichas afirmaciones.
La orden, que entró en vigor apenas un día después de que Trump asumiera la presidencia, forma parte de su plan para ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos, cumpliendo una de sus principales promesas de campaña. La decisión permite redadas en lugares como centros educativos, hospitales, albergues para víctimas de violencia doméstica y hasta funerales o manifestaciones, todos ellos protegidos bajo un memorando de 2021 emitido por el gobierno de Biden.
La política anterior buscaba garantizar que los inmigrantes pudieran acceder a servicios esenciales sin miedo a ser detenidos. “Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe”, señalaba el documento ahora eliminado. Sin embargo, con la directriz revocada, miles de inmigrantes enfrentan mayores riesgos al buscar atención médica, educación o refugio espiritual.
Esta nueva postura del gobierno de Trump genera temor y desconcierto en comunidades vulnerables, donde organizaciones civiles y líderes religiosos ya han expresado su preocupación por el impacto humanitario. La decisión, señalan críticos, profundiza la criminalización de los migrantes al despojarles de espacios seguros y dificultar su acceso a derechos básicos.
El plan también refuerza la narrativa de Trump sobre los migrantes como una amenaza, lo que ha generado rechazo tanto dentro como fuera de Estados Unidos. La revocación podría provocar una mayor resistencia de activistas y comunidades que defienden los derechos de los migrantes frente a las políticas agresivas de la nueva administración.