RedacciónDurante la cumbre del G7, el presidente Donald Trump anunció la intensificación de redadas migratorias en ciudades gobernadas por demócratas, identificándolas como blancos prioritarios por su estatus de «ciudades santuario». El mandatario reveló que Los Ángeles, Chicago y Nueva York serán focos de operativos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), en lo que describió como «la mayor campaña de deportación masiva en la historia de EE.UU.», justificando la medida como necesaria para combatir la delincuencia y proteger empleos estadounidenses.
El plan de deportaciones: alcance y metodología
Trump detalló que los operativos movilizarán recursos sin precedentes, incluyendo aviones militares para traslados masivos a Centroamérica. El esquema se basa parcialmente en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, legislación antigua que permite acciones excepcionales contra extranjeros considerados amenazas.
El presidente acusó a estas jurisdicciones de proteger a migrantes indocumentados, argumentando que crean «escenas distópicas del tercer mundo». Agentes del ICE, respaldados por el FBI, DEA y la Guardia Nacional, recibieron instrucciones de priorizar barrios que la administración considera «plagados de delincuencia vinculada a migrantes».
Reacciones: protestas y batalla legal
El anuncio desató inmediatas críticas de gobiernos locales y organizaciones civiles. El alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las redadas como «terror institucionalizado», mientras la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) prepara recursos legales.
En Chicago, donde el concejo municipal aprobó recientemente mayor financiamiento para defensa migrante, activistas anunciaron redes de alerta temprana. «Esto no es aplicación de ley, es persecución étnica», declaró la coalición Resistencia Migrante.
Contexto político: elecciones y estrategia
Analistas ven en el anuncio un cálculo electoral, buscando galvanizar a la base republicana antes de los comicios. Trump vinculó explícitamente la migración con supuestos fraudes demócratas: «Usan migrantes para ampliar su base electoral y hacer trampa», afirmó en Truth Social.
La medida contrasta con la política de ciudades santuario, que limitan cooperación con ICE para evitar separaciones familiares. Datos del Migration Policy Institute muestran que estas jurisdicciones albergan al 35% de los 11 millones de indocumentados en EE.UU.
Impacto humano: testimonios desde terreno
María González, organizadora comunitaria en Queens (Nueva York), relató el temor en su vecindario: «Padres no llevan niños al colegio y negocios cierran temprano». El Consulado Mexicano en Chicago activó protocolos de emergencia, mientras iglesias preparan refugios.
Expertos advierten consecuencias económicas: sectores como agricultura, construcción y servicios –con alta dependencia de mano migrante– podrían sufrir escasez laboral. Un estudio del Center for American Progress estima que deportaciones masivas costarían $4.7 billones anuales al PIB.
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