Jair FigueroaEl Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, anulando la condena que lo mantenía bajo prisión domiciliaria. El fallo representa un triunfo judicial para el exmandatario, quien insistió durante años en su inocencia.
La decisión, que puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia, revoca la sentencia impuesta en agosto por la juez Sandra Liliana Heredia, quien lo había declarado culpable de manipulación de testigos. Con esta resolución, el tribunal cierra temporalmente un proceso judicial de más de 13 años que ha polarizado a Colombia y marcado la vida política del país.
El fallo que cambia el rumbo del caso Uribe
El fallo de 700 páginas, leído por el magistrado Manuel Antonio Merchán, concluye que la juez de primera instancia incurrió en negligencias, contradicciones y errores de valoración de pruebas. Según el tribunal, las evidencias presentadas eran “sugestivas y débiles” y no demostraban más allá de duda razonable la responsabilidad penal del expresidente.
“El Tribunal Superior de Bogotá resuelve absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal”, establece la resolución.
El expresidente, de 73 años, reaccionó a través de un comunicado en redes sociales:
“He dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública. Esta decisión reafirma mi compromiso con la justicia y con Colombia”.
Un proceso que dividió a Colombia
El caso contra Uribe comenzó en 2012, cuando el exmandatario acusó al senador Iván Cepeda de manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia concluyó que Cepeda había actuado dentro de sus funciones y que, por el contrario, Uribe habría intentado influir en testigos a través de terceros.
A partir de entonces, Uribe fue investigado por soborno y fraude procesal, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano en ser imputado penalmente. En 2020, la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria por riesgo de obstrucción a la justicia, medida que causó gran controversia y llevó a Uribe a renunciar a su escaño en el Senado.
Reacciones y consecuencias políticas
La absolución llega en un momento clave, a pocos meses del inicio del ciclo electoral rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Uribe, fundador del partido Centro Democrático, busca fortalecer la posición de su movimiento político frente al gobierno de izquierda de Gustavo Petro.
Analistas políticos consideran que el fallo puede revivir la influencia de Uribe dentro de la derecha colombiana y reconfigurar el mapa electoral. Sin embargo, para sus detractores, la decisión representa un retroceso en la lucha contra la impunidad.
El senador Iván Cepeda, quien fue declarado víctima en el proceso, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema. “Seguiremos buscando justicia. Este fallo no cierra la verdad”, afirmó en conferencia de prensa.
Contexto internacional y postura del gobierno
El proceso judicial contra Uribe generó interés internacional. En 2020, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio criticó la detención del exmandatario, lo que provocó una respuesta del presidente Gustavo Petro, quien pidió respeto por la independencia judicial.
El caso también es seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos que recuerdan que, durante los gobiernos de Uribe (2002-2010), la ofensiva militar contra la guerrilla dejó miles de víctimas civiles. Un informe de la Comisión de la Verdad señaló que los grupos paramilitares, desmovilizados parcialmente en 2005 bajo su mandato, fueron responsables de más del 45% de los asesinatos del conflicto armado.
Lo que viene para Uribe y Colombia
Aunque el fallo no es definitivo, la absolución le da un respiro político al expresidente y su partido. Uribe podría retomar protagonismo en la escena nacional, apoyando a posibles candidatos del Centro Democrático y reimpulsando su narrativa de “seguridad democrática”.
Por otro lado, sectores cercanos al gobierno temen que esta decisión profundice la polarización política en Colombia, reabriendo viejas heridas entre uribistas y opositores.
La Corte Suprema aún debe decidir si acepta el recurso anunciado por Cepeda. De hacerlo, el proceso podría extenderse por varios años más.
En un país donde la justicia y la política suelen cruzarse, la absolución de Álvaro Uribe marca un nuevo capítulo en la historia reciente de Colombia, con implicaciones que podrían sentirse hasta las elecciones de 2026.
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