Jair FigueroaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes en Ciudad de México que las investigaciones por el caso del buque cargado con diésel ingresado irregularmente al puerto de Tampico derivaron en detenciones de empresarios y personas vinculadas al llamado huachicol fiscal, entre ellos un sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. La mandataria aseguró que se trata de un compromiso de su gobierno para garantizar “cero impunidad” frente a redes de corrupción y evasión de impuestos.
Un entramado de evasión fiscal
El caso inició cuando un buque que arribó a Tampico declaró transportar una sustancia temporal de importación, distinta al diésel que en realidad contenía. Este esquema permitió evitar el pago de impuestos y vender el combustible a flotillas y gasolineras, generando grandes ganancias para los implicados.
Sheinbaum explicó que este tipo de operaciones se realizaban bajo permisos temporales de importación, originalmente diseñados para productos que recibirían valor agregado en México antes de exportarse. Sin embargo, el mecanismo se utilizó de manera fraudulenta para introducir combustibles al mercado interno sin reportar su origen.
Denuncia desde la Marina
El almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, denunció el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR) hace dos años. El propio fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que la investigación incluyó a personal de la aduana, elementos de la Secretaría de Marina y empresarios relacionados con la importación.
Las pesquisas contaron con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia, lo que permitió recabar pruebas suficientes para judicializar el caso.
Proceso de investigación
Sheinbaum aclaró que las indagatorias no se resuelven “de un día para otro”, ya que requieren pruebas sólidas para asegurar la vinculación a proceso de los responsables.
“Lleva bastante tiempo poder establecer quién está involucrado, cómo operan estas redes y de qué manera se benefician. Aunque el delito pareciera evidente, la investigación tenía que armarse para que las detenciones fueran firmes”, declaró la presidenta.
Empresarios en la mira
Las autoridades federales identificaron que empresarios utilizaban la importación irregular para introducir combustible y revenderlo en gasolineras y flotillas, obteniendo márgenes de ganancia muy altos al no pagar impuestos.
El gobierno federal subrayó que las reglas de importación son claras: se requiere permiso de la Secretaría de Energía, pago de impuestos y trazabilidad hacia los puntos de venta. Los involucrados no cumplieron con estas condiciones, incurriendo en delitos fiscales y de contrabando.
Cero impunidad como eje
La presidenta reiteró que la política de su administración se centra en garantizar cero impunidad frente a delitos que afectan al erario público y a la seguridad energética del país.
“Cuando se encuentra una situación de corrupción y de ilícitos, lo que se debe hacer es detener a todos los involucrados, sin importar cargos ni influencias”, señaló.
Contexto del huachicol fiscal
El huachicol fiscal representa un desafío paralelo al robo de combustible en ductos. Consiste en esquemas de importación fraudulenta que permiten la evasión de impuestos y la inserción de combustible ilegal en el mercado formal.
Expertos han señalado que este tipo de prácticas no solo afectan la recaudación, sino que generan competencia desleal frente a los empresarios que cumplen con la ley.
La detención de empresarios y la investigación sobre el caso del buque en Tampico refuerzan la postura del gobierno federal de atacar las redes del huachicol fiscal con un enfoque de largo plazo. Sheinbaum subrayó que la cooperación interinstitucional es clave y que este caso será un precedente para combatir estructuras similares en el futuro.
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