Jair FigueroaLa presidenta Claudia Sheinbaum niega protección militar para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal desmintió de forma categórica las versiones que aseguran que el Ejército resguarda al funcionario sinaloense. Sheinbaum aclaró los señalamientos de periodistas de oposición que afirmaban que el político permanecía escondido en instalaciones de la Defensa. La jefa del Ejecutivo federal reiteró que no defiende a ningún servidor público ligado con agrupaciones criminales. Sin embargo, exigió la presentación de pruebas contundentes antes de emitir cualquier juicio o condena legal.
La polémica sobre las acusaciones del gobierno norteamericano contra políticos mexicanos sumó un nuevo posicionamiento desde Palacio Nacional. Diversas voces de los partidos de oposición acusaron a la actual administración de ocultar información sobre el mandatario de Sinaloa. Ante estos cuestionamientos informativos, la presidenta de la República respondió con firmeza para disipar los rumores sobre el despliegue castrense. «El señor está en su casa», sentenció la doctora ante los representantes de los medios de comunicación.
La jefa de Estado calificó como mentiras absurdas los textos publicados por algunos columnistas de la prensa nacional. Columnistas como Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio afirmaron que el Ejército escondía al funcionario con licencia. Según dichas publicaciones, el político sinaloense supuestamente permanecía bajo resguardo secreto dentro de la Novena Zona Militar en Culiacán. Claudia Sheinbaum niega protección militar federal hacia su compañero de partido y sepultó por completo esas versiones periodísticas.
La mandataria federal argumentó que estos ataques buscan debilitar la estructura del actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional no destina recursos ni personal para cuidar la vivienda del político. La presidenta insistió en que su gestión respeta la soberanía del país y cumple estrictamente las normas legales vigentes. La aclaración presidencial frena la especulación política desatada en los Congresos estatales durante los últimos días de debate.
Exigen pruebas contundentes a la Fiscalía sobre presuntos vínculos delictivos
El debate legislativo escaló luego de las declaraciones emitidas por el senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. El legislador panista acusó al partido oficialista de reservar por cinco años la información patrimonial del gobernador sinaloense. Frente a esta postura opositora, la presidenta de México aclaró los protocolos que aplica la Fiscalía General de la República. La jefa del Ejecutivo confirmó que existe una carpeta de investigación abierta para revisar la veracidad de las denuncias.
Sheinbaum condicionó cualquier acción legal de su gobierno a la existencia de evidencias notariales y testimoniales validadas por jueces. «Nosotros no vamos a defender a nadie siempre y cuando haya pruebas», advirtió severamente la titular del poder ejecutivo. Explicó que los nexos de alcaldes o gobernadores con el cártel de la droga serán denunciados sin distinción partidista. Como muestra de ello, recordó las recientes denuncias presentadas contra presidentes municipales en funciones que violaron la ley penal.
La presidenta denunció que Estados Unidos utiliza recurrentemente los señalamientos de narcotráfico como una herramienta de injerencia geopolítica constante. Detalló que este mecanismo busca mermar la soberanía de las naciones latinoamericanas mediante acusaciones mediáticas sin sustento jurídico. Recordó que el convenio de extradición bilateral sigue vigente, pero requiere obligatoriamente mandamientos judiciales basados en hechos comprobables. La administración federal esperará los dictámenes periciales finales antes de emitir un veredicto definitivo sobre el caso sinaloense.
Los integrantes del Gabinete de Seguridad respaldaron la postura de transparencia manifestada por la jefa del Ejecutivo federal mexicano. Las agencias de inteligencia del Estado mexicano mantienen el monitoreo institucional ordinario en el territorio sinaloense tras los cambios políticos. El llamado de las autoridades es evitar la difusión de noticias falsas que desestabilicen la paz social del país. El proceso administrativo contra el gobernador con licencia continuará su curso regular bajo el escrutinio de la opinión pública.
La postura asumida por la presidencia de la República marca un límite claro frente a los reclamos de la oposición parlamentaria. Al confirmar que Claudia Sheinbaum niega protección militar, el gobierno traslada la responsabilidad absoluta del caso a los tribunales federales. Corresponde ahora a la Fiscalía General de la República agilizar las indagatorias para aclarar los supuestos nexos delictivos de Rocha Moya. Mientras tanto, el control civil en Sinaloa se mantiene bajo la observación directa de las autoridades judiciales.
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