Jair FigueroaLa presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles en la Ciudad de México que el registro de chips de telefonía móvil tiene como objetivo frenar los delitos de fraude y extorsión telefónica, al dificultar el uso anónimo de líneas, especialmente aquellas empleadas desde centros penitenciarios, y negó que la medida represente un mecanismo de vigilancia contra la población.
Registro de chips busca frenar fraudes y extorsiones
El gobierno federal defendió la implementación del registro de chips telefónicos como una herramienta para combatir uno de los delitos más recurrentes en el país: la extorsión y el fraude realizados a través de llamadas telefónicas.
Durante su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta acción forma parte de una estrategia integral de seguridad, cuyo objetivo es proteger a la ciudadanía y reducir la impunidad en delitos que afectan directamente la economía y tranquilidad de millones de personas.
De acuerdo con cifras oficiales, las llamadas de extorsión continúan siendo una de las principales quejas ciudadanas, muchas de ellas originadas desde centros penitenciarios o mediante líneas telefónicas adquiridas sin ningún tipo de identificación.
¿Por qué registrar los chips telefónicos?
Eliminar el anonimato en llamadas delictivas
Sheinbaum señaló que México se encuentra entre los pocos países donde, hasta ahora, los chips y teléfonos celulares podían adquirirse sin necesidad de identificar al usuario, situación que —afirmó— facilitó la comisión de delitos.
“México es de los pocos países en el mundo donde los chips y los teléfonos se vendían sin identificación. ¿Y eso qué genera? Facilidad para cometer delitos como la extorsión telefónica y los fraudes”, explicó.
El registro busca que cada línea esté asociada a una persona, lo que permitiría a las autoridades dar seguimiento cuando un número sea utilizado con fines delictivos.
Seguimiento e identidad para mayor seguridad
La mandataria subrayó que la medida no tiene como fin investigar a la población, sino generar condiciones que inhiban el delito.
“En la medida en que cada chip esté asociado a una persona, va a ser mucho más difícil usar el teléfono para extorsionar o defraudar. Si se comete un delito con un teléfono, que haya seguimiento e identidad ayuda a una mayor seguridad”, afirmó.
Extorsiones desde cárceles: un problema reconocido
Ingreso ilegal de chips a penales
Sheinbaum reconoció que una parte importante de las llamadas de extorsión se origina desde centros penitenciarios, donde de manera ilegal ingresan teléfonos y chips.
Indicó que este problema forma parte de los temas prioritarios del gabinete de seguridad, el cual trabaja en acciones como:
- Bloqueo de señales telefónicas
- Control de antenas cercanas a penales
- Prohibición y decomiso de dispositivos de comunicación
- Coordinación con autoridades estatales
Estas acciones buscan cerrar las vías desde donde se cometen delitos a distancia.
No es vigilancia, asegura el gobierno
Datos no estarán en manos del Estado
Ante las críticas sobre una posible vulneración a la privacidad, la presidenta fue enfática al negar que el registro de chips represente un sistema de vigilancia masiva.
Aclaró que los datos no serán resguardados por el gobierno, sino por las propias empresas de telefonía, como ocurre en otros países.
“Los registros los tienen las telefónicas, ni siquiera los va a guardar el gobierno. El acceso a esa información solo se solicita cuando hay la comisión de un delito. No se trata de investigar a la gente”, puntualizó.
Uso responsable del teléfono y prevención
Campañas informativas a la población
Además del registro, Sheinbaum destacó la importancia de acompañar la medida con campañas de prevención y concientización ciudadana.
Recomendó a la población evitar contestar llamadas de números desconocidos, en especial aquellas con claves internacionales, ya que suelen estar relacionadas con fraudes.
“Son 154 millones de teléfonos en el país para una población de alrededor de 130 millones de personas. Eso quiere decir que hay quienes tienen dos o tres teléfonos”, explicó.
Este dato, añadió, refuerza la necesidad de tener un control básico sobre las líneas activas.
Un debate abierto sobre seguridad y privacidad
El anuncio del registro de chips ha generado un debate público entre quienes consideran la medida necesaria para combatir delitos y quienes expresan preocupación por la protección de datos personales.
Especialistas en seguridad coinciden en que la efectividad del registro dependerá de su correcta implementación, supervisión y del respeto a los derechos humanos, así como de la coordinación con las empresas telefónicas.
Objetivo central: proteger a la ciudadanía
El gobierno federal reiteró que el propósito del registro es reducir delitos que afectan directamente a la población, como amenazas, fraudes y extorsiones, sin criminalizar el uso cotidiano de la telefonía móvil.
La estrategia, señalaron autoridades, busca cerrar espacios al crimen organizado y fortalecer la seguridad sin recurrir a prácticas de vigilancia indiscriminada.
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