Jair FigueroaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este lunes 13 de enero, desde Palacio Nacional, que el registro de tarjetas SIM y líneas telefónicas en el país tiene como objetivo garantizar la seguridad y combatir delitos como la extorsión, y no establecer mecanismos de vigilancia, precisando que los datos de los usuarios son responsabilidad exclusiva de las empresas telefónicas y solo pueden ser consultados por autoridades cuando existe una denuncia formal.
Registro de celulares y seguridad pública
El debate sobre el registro de líneas celulares volvió al centro de la conversación pública luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordara el tema durante La Mañanera del Pueblo, donde explicó que el sistema de identificación de números telefónicos responde a una necesidad operativa en materia de seguridad.
Sheinbaum enfatizó que actualmente existen alrededor de 158 millones de líneas celulares en México, una cifra que supera a la población total del país, lo que complica la identificación de números utilizados para cometer delitos como extorsión, fraude o amenazas.
De acuerdo con la mandataria, este contexto obliga a contar con mecanismos confiables de registro, pero sin vulnerar los derechos de los usuarios ni su privacidad.
¿Quién resguarda los datos del registro SIM?
Responsabilidad de las compañías telefónicas
Uno de los puntos centrales del mensaje de la presidenta fue aclarar que el gobierno no concentra ni administra la información personal asociada a los números telefónicos.
Sheinbaum detalló que son las empresas de telecomunicaciones las responsables de resguardar los datos de los usuarios, tal como ocurre en otros países, y que el Estado no tiene acceso directo a esa información.
“El registro es responsabilidad de las compañías telefónicas y son ellas quienes custodian los datos”, afirmó.
Esta aclaración busca disipar temores sobre un posible uso indebido de la información personal o la creación de bases de datos gubernamentales con fines de vigilancia.
Acceso limitado y bajo denuncia
Solo en casos de extorsión o fraude
La presidenta subrayó que las autoridades solo pueden solicitar información sobre un número telefónico cuando existe una denuncia formal relacionada con un delito.
En particular, explicó que cuando una persona recibe una llamada de extorsión o fraude y realiza el reporte correspondiente al 089, la autoridad puede requerir a la empresa telefónica la información básica del titular de la línea involucrada.
“Si hay una llamada de extorsión o de fraude y se denuncia, la autoridad puede pedir a la telefónica a quién pertenece ese número”, explicó.
Este procedimiento, según Sheinbaum, busca proteger a las víctimas y facilitar investigaciones, sin permitir un acceso indiscriminado a datos personales.
No es un sistema de vigilancia, insiste Sheinbaum
La presidenta fue enfática al señalar que el registro de SIM no permite rastrear la ubicación de las personas, ni conocer sus movimientos o hábitos.
Aclaró que el objetivo es identificar líneas utilizadas para delinquir, no monitorear a la ciudadanía.
“No tiene nada que ver con vigilancia ni con saber dónde está la gente”, sostuvo.
Con ello, el gobierno federal busca diferenciar esta medida de otros intentos fallidos del pasado que generaron rechazo social por preocupaciones sobre privacidad y control estatal.
Privacidad y seguridad, el equilibrio del debate
El tema del registro de celulares ha generado controversia en distintos momentos, ya que para una parte de la población representa un riesgo potencial para la privacidad, mientras que para autoridades y especialistas en seguridad es una herramienta útil para combatir delitos de alto impacto.
Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene como prioridad el respeto a los derechos humanos, al tiempo que impulsa acciones para reducir delitos como la extorsión telefónica, uno de los ilícitos que más afectan a la población.
La mandataria sostuvo que el desafío está en lograr un equilibrio entre seguridad y libertades, sin caer en excesos ni omisiones.
Extorsión, un delito en crecimiento
De acuerdo con datos oficiales, la extorsión telefónica se ha convertido en uno de los delitos con mayor incidencia en diversas regiones del país, aprovechando el uso de líneas anónimas o registradas con datos falsos.
En este contexto, el registro de líneas celulares es presentado por el gobierno como una herramienta técnica que permita rastrear números utilizados de forma recurrente para actividades delictivas, siempre bajo el marco legal correspondiente.
Un mensaje directo a la ciudadanía
Sheinbaum concluyó su mensaje reiterando que el gobierno no busca espiar ni controlar a la población, sino cerrar espacios a la delincuencia que utiliza la telefonía móvil como medio para extorsionar, defraudar o amenazar.
La presidenta llamó a la ciudadanía a informarse y denunciar los delitos, señalando que la colaboración entre usuarios, empresas y autoridades es clave para mejorar la seguridad.