Mayte BarriosLa Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó restablecer o crear un fideicomiso con objetivo similar al extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas al declarar su extinción como insconstitucional.
Ese Fondo desapareció en 2020, cuando el Gobierno Federal decidió ocupar esos recursos en atención a la pandemia de COVID-19, al suprimir la Ley General de Víctimas.
La Corte resolvió favorablemente el amparo presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar (Prodh) y Fundar para asegurar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se incluya un presupuesto mínimo destinado a la atención de víctimas.
El proyecto impulsado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue aprobado de manera unánime y se señaló que los recursos destinados a víctimas no deben estar por debajo del 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los ministros indicaron que el Poder Legislativo no demostró el mal manejo de los recursos del fondo, argumento usado para desaparecerlo, además de que se violaron los derechos de participación cultural y libre manifestación de ideas.
El presupuesto para atención a víctimas se destina a:
- Pago de una indemnización como reparación del daño.
- Gastos de traslado de las personas que tienen que viajar para dar seguimiento a investigaciones.
- Atención médica o medicamentos de las personas afectadas por las violaciones a derechos humanos o delitos.
- Gastos funerarios de las familias que sepultan a sus seres queridos, víctimas de la violencia.
- Atención psicológica y rehabilitación de las personas sobrevivientes de tortura.
Al respecto, el Centro Prodh señaló que el mínimo presupuestal fue una garantía lograda por las familias de personas desaparecidas o víctimas de ejecución, sobrevivientes de tortura y tortura sexual, así como de las víctimas de otras graves violaciones a derechos humanos que, desde hace una década, lograron incorporar en la Ley General de Víctimas (LGV) que debía destinarse ese presupuesto para atención a víctimas (gasto programable), sin que pudiera reducirse o destinarse para otros fines distintos.
El proyecto aprobado estableció que la desaparición del fondo llevó a que se dejaran de atender diversos casos en los que era obligado el pago de una indemnización como reparación del daño, lo que demostró la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado en beneficio de la cada vez mayor cantidad de víctimas de delito y de derechos humanos.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, identificó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 asignó un presupuesto de 633 millones de pesos para la atención a víctimas.