Jair FigueroaUn juez de control en Veracruz retiró este jueves el cargo de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, al considerar que la Fiscalía General del Estado no presentó pruebas suficientes, decisión que se dio tras protestas de familiares, organizaciones civiles y el cuestionamiento público de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el uso de ese tipo penal contra un comunicador.
Retiro del cargo de terrorismo
La decisión fue tomada por el juez José Guadalupe Nucamendi Albores, quien al concluir la audiencia inicial determinó que la Fiscalía no logró sustentar jurídicamente la imputación por terrorismo, uno de los delitos más graves del sistema penal mexicano.
Rafael León Segovia fue detenido el 24 de diciembre por elementos del Ejército y permaneció recluido en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, del cual salió este jueves tras la resolución judicial.
Si bien el juez desechó la acusación por terrorismo, el periodista continuará vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Protestas y presión pública influyeron en el caso
Movilización del gremio periodístico
Desde el inicio del proceso, el caso generó una amplia reacción del gremio periodístico y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que denunciaron un intento de criminalizar el ejercicio informativo, particularmente en la cobertura de nota roja.
Durante la semana previa a la audiencia, periodistas se manifestaron a las afueras del recinto judicial con consignas como “Periodistas no somos terroristas” y “Cubrir nota roja no es delito”, exigiendo la liberación del comunicador.
Cuestionamiento desde la Presidencia
Uno de los momentos clave ocurrió el 29 de diciembre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente el uso del delito de terrorismo contra un periodista.
“No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo; tendría que explicarlo, porque no ha habido una acusación así en México, yo creo que nunca (…) la libertad de expresión debe estar por encima de todo”, declaró la mandataria.
Estas declaraciones elevaron el debate nacional sobre los límites del uso del derecho penal frente a la labor periodística.
Las acusaciones que permanecen
Investigación y pruebas presentadas
De acuerdo con fuentes judiciales, la Fiscalía —actualmente encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle— sustentó su acusación en una investigación iniciada en 2023.
Durante la audiencia se señaló que en el teléfono de un presunto delincuente se encontró una conversación donde el periodista presuntamente recibía información sobre hallazgos de cuerpos a cambio de dinero, por un monto aproximado de 30 mil pesos.
La acusación sostiene que León Segovia difundía contenidos violentos en su página “Noticias con Lafita León”, supuestamente bajo instrucciones de grupos criminales.
Defensa denuncia criminalización del periodismo
Organizaciones cuestionan el caso
La defensa legal y organizaciones como Artículo 19 calificaron los señalamientos como un intento de criminalizar las fuentes informativas y el trabajo periodístico en contextos de violencia.
Antes de ingresar a la audiencia, el propio periodista lanzó duras críticas contra la Fiscalía:
“Ya saben lo que fabrica la Fiscalía (…) esta fiscal me odia”.
Impacto familiar y preocupaciones de salud
El hijo del comunicador, Gardiel Josué León Oropeza, pidió que el proceso se conduzca con justicia y recordó que su padre, de 62 años, padece hipertensión, condición que se agravó durante su detención.
El familiar cuestionó que se pretenda responsabilizar al periodista por el impacto psicológico de sus publicaciones en la población, señalamiento que forma parte de la acusación por el artículo 311, relativo a causar pánico social.
Contexto: Veracruz y el acoso judicial a periodistas
Un estado bajo observación
Este caso ocurre en un contexto particularmente sensible para la prensa. De acuerdo con Artículo 19, Veracruz lideró en 2025 los índices de acoso judicial contra periodistas, una tendencia que ha encendido alertas a nivel nacional e internacional.
Especialistas advierten que el uso de figuras penales graves contra comunicadores puede generar efectos inhibitorios, afectando el derecho a la información y la libertad de expresión.
Un precedente relevante para la libertad de expresión
El retiro del cargo de terrorismo es considerado por analistas como un precedente relevante, aunque subrayan que el proceso judicial sigue abierto y que la situación del periodista aún no se resuelve de fondo.
El caso de Rafael León Segovia reaviva el debate sobre los límites del ejercicio periodístico, la protección de las fuentes y el papel de las fiscalías en contextos de violencia e inseguridad.