RedacciónEl zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, anunció este miércoles en una rueda de prensa la retirada inmediata de aproximadamente 700 agentes federales de los cerca de 3,000 desplegados en Minnesota, argumentando una mayor colaboración por parte de las autoridades locales en las operaciones contra migrantes. La reducción del contingente, que comenzará de inmediato, se produce tras semanas de intensas protestas nacionales por la muerte de los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good, abatidos a tiros por agentes federales en Mineápolis, y marca un cambio de estrategia para calmar la tensión social mientras se mantiene la política de aplicación de la ley migratoria. Homan aseguró que las operaciones continuarán con un enfoque más dirigido y en coordinación con las jurisdicciones locales.
Homan, quien asumió el mando de las operaciones en las Ciudades Gemelas (Mineápolis y St. Paul) tras el relevo del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, explicó la decisión. “Dada esta creciente colaboración sin precedentes, y como resultado de la menor necesidad de agentes de seguridad pública para realizar este trabajo y de un entorno más seguro, anuncio que, con efecto inmediato, retiraremos a 700 agentes a partir de hoy”, declaró. Enfatizó que esto representa una “aplicación de la ley más inteligente, no menos rigurosa”, y que los agentes restantes se concentrarán en operaciones más específicas, priorizando el arresto de migrantes con antecedentes criminales que representen una amenaza para la seguridad pública.
El cambio de estrategia incluye un nuevo enfoque operativo. Como alternativa a las redadas masivas en calles y vecindarios, Homan instó a las cárceles locales a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre reclusos que sean elegibles para deportación. Este método, argumentó, es más seguro al reducir la necesidad de que los agentes realicen detenciones en espacios públicos, minimizando la fricción con la comunidad. La medida busca responder a las críticas sobre el uso excesivo de la fuerza y las tácticas agresivas documentadas durante el despliegue, que incluyeron agentes rompiendo ventanas de vehículos, empleando gases lacrimógenos y gas pimienta contra manifestantes, y realizando detenciones sin órdenes judiciales claras.
La presión política y social fue determinante para este repliegue. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, mantuvieron un enfrentamiento constante con la administración Trump tras las muertes de Pretti y Good. La versión inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que culpaba a las víctimas, fue contradicha por videos de testigos, lo que avivó la indignación y las protestas a nivel nacional. Para contener la crisis, Trump reemplazó a Bovino por Homan, quien desde su llegada prometió una “desescalada”. Sin embargo, Homan defendió la efectividad general del operativo, afirmando que 158 personas fueron arrestadas durante las protestas y que se logró sacar “a varias personas de las calles”.
En un contexto legal paralelo, una coalición de distritos escolares y maestros de Minnesota presentó una demanda este miércoles contra el gobierno de Trump, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, y los propios Homan y Bovino. La demanda alega que las redadas han perturbado gravemente el sistema educativo, puesto en peligro a estudiantes y provocado ausentismo, y solicita que las escuelas vuelvan a ser designadas como “lugares sensibles” donde los agentes de inmigración no puedan realizar detenciones, una protección que la administración Trump eliminó previamente.
El conflicto en Minnesota también ha tenido repercusiones directas en el proceso presupuestario del Congreso. Los legisladores demócratas, exigiendo reformas en las operaciones del ICE, condicionaron la aprobación del presupuesto completo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este martes, la Cámara de Representantes aprobó los fondos para el resto de las agencias federales, pero solo autorizó financiamiento para el DHS por dos semanas, hasta el 14 de febrero. Los demócratas demandan cambios como la obligatoriedad de órdenes judiciales para las detenciones y la identificación clara de los agentes, dando a los legisladores un plazo de 10 días para negociar y evitar un nuevo cierre parcial del gobierno.
La reducción anunciada por Homan parece ser un intento de la administración Trump de aliviar la presión política interna y externa sin abandonar su agenda migratoria dura. Al retirar una parte significativa del contingente más visible y conflictivo, se busca reducir la imagen de ocupación militar que generaron las operaciones en Mineápolis, al tiempo que se mantiene la capacidad de arresto a través de mecanismos de colaboración institucional con las cárceles. El éxito de esta nueva fase dependerá de la voluntad real de cooperación de las autoridades locales, que hasta ahora se han mostrado hostiles, y de si logra prevenir nuevos incidentes violentos que reaviven la crisis.
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