Filiberto Cruz MonroyEste 15 de febrero de 2024, el gobernador de Tabasco, Javier May, anunció la renuncia del general Víctor Hugo Chávez Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En su lugar, asumirá el cargo Serafín Tadeo Lazcano, un exagente de la Policía Judicial Federal con más de 30 años de experiencia en entidades como Sinaloa, Michoacán y Guerrero. El cambio busca impulsar una «nueva etapa» para garantizar seguridad y pacificación en el estado, según declaró May en conferencia de prensa.
Chávez Martínez, designado en febrero de 2024 por el exgobernador Carlos Merino y ratificado por May en octubre, alegó motivos personales para su salida. Sin embargo, su renuncia ocurre tras semanas de creciente violencia en Tabasco, con ataques armados, amenazas contra autoridades y quema de comercios. El mandatario agradeció su «entrega y lealtad», destacando que regresará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En paralelo, May anunció el nombramiento de Jesús Amaya Guerrero como nuevo Comisionado de la Policía Estatal, un experto en seguridad pública con 28 años de trayectoria en la Fiscalía General de la República (FGR). El gobernador prometió inversiones en tecnología, equipamiento y capacitación para el C5 y las fuerzas de seguridad, con apoyo del comisionado federal Francisco Javier Moreno Montaño, presente en el evento.
La reestructuración en seguridad llega en medio de una ola de inseguridad en Tabasco. Según datos oficiales, en 2024 se han registrado 388 homicidios: 65 en octubre, 102 en noviembre, 73 en diciembre, 92 en enero y 53 hasta el 13 de febrero. Además, en los últimos días se reportaron nueve asesinatos en un fin de semana, ataques a policías y mantas con amenazas contra el propio Javier May.
Mientras el gobierno estatal insiste en «avanzar hacia la paz», expertos señalan que la designación de Lazcano y Amaya Guerrero responde a la urgencia por contener el descontrol delictivo. La SSPC enfrenta el reto de frenar a grupos criminales que operan con impunidad en la entidad, en un escenario donde la confianza ciudadana en las instituciones se debilita.