Jair FigueroaEn junio de 2025, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles, argumentando “caos y desorden” en la ciudad debido a las protestas por las redadas contra inmigrantes indocumentados.
Esta acción generó fuerte rechazo por parte de líderes locales, incluyendo al gobernador Gavin Newsom y a la alcaldesa Karen Bass, quienes señalaron que el uso de fuerzas militares en una ciudad santuario era inconstitucional y atentaba contra los derechos civiles de sus habitantes.
Retiro parcial de tropas, presión ciudadana
Este martes 15 de julio, el Pentágono confirmó la retirada de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional, lo que representa una reducción del 50% del total desplegado en la zona. Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la decisión responde a una “disminución de la anarquía en Los Ángeles”.
Sin embargo, autoridades locales ofrecieron una lectura distinta.
“Esto ocurrió porque la gente de Los Ángeles se mantuvo unida y fuerte”, declaró la alcaldesa Karen Bass, quien atribuyó la retirada a las protestas pacíficas, los mítines masivos y las acciones legales emprendidas contra la administración Trump.
Ciudad santuario bajo ataque
Los Ángeles es considerada una de las principales ciudades santuario de EE.UU., al albergar a cientos de miles de migrantes indocumentados que han encontrado refugio frente a políticas migratorias federales restrictivas.
Desde su regreso al poder en enero de 2025, Donald Trump ha colocado a estas ciudades en el centro de su ofensiva política, con redadas masivas, amenazas presupuestarias y militarización de zonas urbanas como herramienta de presión.
La movilización militar en Los Ángeles es la primera en su tipo desde 1965 en ser realizada en contra de la voluntad del gobernador estatal.
Una batalla legal en curso
El gobierno californiano y organizaciones civiles como la ACLU, el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y colectivos de migrantes, han interpuesto demandas judiciales argumentando violaciones al debido proceso, uso excesivo de fuerza y afectaciones a la vida comunitaria.
Aunque la retirada parcial es vista como una victoria simbólica, los abogados defensores de migrantes han advertido que la presencia de fuerzas federales aún representa un riesgo, y exigen la retirada total del personal militar.
¿Qué sigue para Los Ángeles?
Pese al anuncio, todavía quedan más de 2 mil elementos en la ciudad, lo que mantiene un ambiente de tensión e incertidumbre entre la comunidad migrante.
La alcaldesa Bass pidió continuar con la movilización ciudadana y reiteró su compromiso con la protección de todos los habitantes, sin importar su estatus migratorio.
La retirada parcial de la Guardia Nacional de Los Ángeles representa una victoria de la organización ciudadana frente a decisiones federales controversiales. Aunque el conflicto está lejos de terminar, la presión social ha demostrado su poder para revertir medidas que ponen en riesgo los derechos civiles en nombre de la seguridad nacional.
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