Jair FigueroaLa iniciativa busca acompañar a la familia del exgobernador de Baja California. También exige que el proceso judicial respete la presunción de inocencia y el debido proceso.
Ruffo enfrenta un proceso por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles. La FGR lo vincula con operaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.
El comité reúne a personas con distintas posiciones políticas. Sus integrantes aseguran que buscan defender el Estado de derecho.
Verónica Ruffo, hija del exmandatario, afirmó que no buscan privilegios para su padre. También pidió que la ley se aplique con imparcialidad.
La presentación ocurrió en Tijuana, Baja California. Al encuentro acudieron la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el político Emilio Álvarez Icaza.
PAN y Somos México respaldan a Ernesto Ruffo
El nuevo comité plantea una defensa pública alrededor del caso de Ernesto Ruffo. Sus integrantes buscan evitar que el proceso se convierta en una disputa partidista.
Verónica Ruffo sostuvo que su padre enfrenta un proceso con componentes políticos. Por ello, pidió mantener la discusión dentro del marco de la justicia.
La familia también reclama que se respete la presunción de inocencia. Ese principio establece que una persona debe considerarse inocente mientras no exista una sentencia.
El caso judicial contra Ruffo comenzó después de su detención el 16 de julio. La FGR cumplimentó una orden de aprehensión en Ensenada, Baja California.
Posteriormente, las autoridades trasladaron al exgobernador al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
La investigación está relacionada con una red de presunto contrabando de combustibles. La Fiscalía acusa a los involucrados de delitos como delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
El proceso avanzó después de una audiencia que se prolongó durante más de un día. Finalmente, una jueza federal vinculó a proceso a Ruffo y a otros siete señalados.
Maru Campos respalda a la familia de Ruffo
Maru Campos acudió a la presentación del comité y expresó su respaldo a la familia del exgobernador.
La gobernadora de Chihuahua pidió que se respete el debido proceso. También señaló que no le corresponde determinar la responsabilidad penal de Ruffo.
Campos afirmó que no puede pronunciarse sobre carpetas de investigación que no conoce. Sin embargo, defendió el derecho de cualquier persona a contar con una defensa legal.
Su participación agregó un componente político al caso. Campos pertenece al PAN y actualmente gobierna Chihuahua.
El comité también recibió el respaldo de Emilio Álvarez Icaza, integrante de Somos México.
Álvarez Icaza planteó tres objetivos para la organización. El primero es que Ruffo pueda regresar a su domicilio.
El segundo consiste en garantizar un juicio justo. El tercero busca conseguir la libertad del exgobernador.
La propuesta coincide con la intención que Somos México había planteado días antes. Guadalupe Acosta Naranjo ya había anunciado su intención de impulsar un comité plural.
La organización busca sumar a ciudadanos, familiares, académicos, juristas y figuras políticas.
El objetivo declarado es evitar que la defensa de Ruffo quede limitada a un solo partido político.
¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?
Ernesto Ruffo enfrenta acusaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles.
La investigación federal involucra a la empresa Ingemar, fundada por el exgobernador. La FGR sostiene que la compañía participó en operaciones vinculadas con el ingreso irregular de hidrocarburos.
La Fiscalía ha señalado que el combustible habría ingresado al país mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas.
Según información difundida durante la investigación, las operaciones habrían involucrado ferrotanques y diferentes estados del país.
La FGR también sostiene que el esquema habría generado un daño económico considerable para la Hacienda Pública.
El Universal reportó que la Fiscalía estima un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.
Sin embargo, la FGR ha precisado que el monto formalmente imputado en esta etapa es menor. La dependencia señaló que la investigación complementaria permitirá determinar el daño total.
Ruffo ha rechazado las acusaciones y su defensa sostiene que debe respetarse el debido proceso.
La situación jurídica del exgobernador no equivale a una sentencia definitiva. Su responsabilidad penal todavía debe determinarse mediante el proceso judicial.
El gobierno rechaza que exista persecución política
La creación del comité ocurre en medio de una fuerte disputa política.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el proceso contra Ruffo sea una persecución política.
La mandataria sostuvo que el caso corresponde a una investigación criminal. También afirmó que la Fiscalía presentó elementos suficientes para obtener una orden de aprehensión.
Sheinbaum reconoció que Ruffo debe considerarse inocente mientras no exista una sentencia.
Al mismo tiempo, defendió la investigación realizada por la FGR y señaló que otras personas fueron detenidas dentro de la misma causa.
La Fiscalía también rechazó las acusaciones de persecución política.
La dependencia afirmó que Ruffo no es investigado por sus ideas o vínculos políticos. Según la FGR, la investigación deriva de posibles delitos relacionados con hidrocarburos.
Esta postura contrasta con la de los integrantes del nuevo comité.
Sus promotores consideran necesario mantener presión pública para exigir garantías durante el proceso.
¿Qué busca el Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo?
El comité pretende realizar actividades públicas en Baja California para respaldar a la familia.
También busca difundir información sobre el proceso judicial y exigir que se respeten los derechos de Ruffo.
Entre sus principales demandas aparecen el debido proceso, un juicio justo y la libertad del exgobernador.
La organización también pretende reunir a personas de distintas corrientes políticas.
Esta estrategia busca evitar que el caso sea presentado exclusivamente como una disputa entre el PAN y Morena.
La iniciativa ocurre después de que el caso generó reacciones de políticos nacionales e internacionales.
El Grupo IDEA, integrado por exjefes de Estado y Gobierno iberoamericanos, también cuestionó el proceso contra Ruffo. El gobierno mexicano rechazó esa postura y defendió la investigación.
La disputa mantiene el caso en el centro de la conversación política nacional.
El caso de Ernesto Ruffo combina una investigación penal por presunto huachicol fiscal con una disputa política.
El exgobernador permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
La FGR sostiene que existen elementos para investigar su posible participación en una red de contrabando de combustibles.
Su defensa y el nuevo comité reclaman que las autoridades respeten la presunción de inocencia y el debido proceso.
Por ahora, la responsabilidad penal de Ruffo no está definida mediante una sentencia.
El nuevo comité anunció que continuará con actividades públicas en Baja California.
Su objetivo será acompañar a la familia y mantener presión sobre las autoridades para garantizar un proceso conforme a la ley.
El caso también seguirá bajo atención por el impacto económico atribuido a la presunta red de huachicol fiscal.
La investigación complementaria será clave para determinar los alcances de las acusaciones y el posible daño al erario.
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