RedacciónEl Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) expresó este domingo su preocupación por la militarización de la gestión migratoria en México, tras el despliegue de vehículos blindados ‘Stryker’ del Ejército de Estados Unidos en la frontera norte, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua. El organismo internacional urgió al gobierno mexicano a cesar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control migratorio y reforzar la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
La declaración fue emitida mediante un comunicado oficial en el que el Comité también pidió detener prácticas como la privación de libertad por motivos migratorios, fortalecer mecanismos de supervisión y evitar la subcontratación de funciones clave a empresas privadas.
Preocupación internacional por uso de militares
Ciudad Juárez, un foco de alarma
Las imágenes de soldados estadounidenses patrullando con vehículos blindados junto a la frontera con Ciudad Juárez encendieron las alertas tanto en México como en organismos internacionales. Activistas, defensores de derechos humanos y residentes locales han manifestado su preocupación por la creciente militarización en zonas de alta presencia migrante.
Este tipo de operativos refuerza un enfoque securitario sobre un fenómeno que, según organizaciones de derechos humanos, debería abordarse con políticas de protección, inclusión y justicia social.
ONU reconoce avances, pero critica prácticas actuales
Ley migratoria y niñez, un paso positivo
En su comunicado, el CMW reconoció los avances del Estado mexicano, en particular la reforma de 2020 que armonizó la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). No obstante, el Comité advirtió que persisten prácticas lesivas como la participación de actores sin facultades legales en operativos de verificación migratoria, lo que representa un riesgo para la integridad y derechos de las personas migrantes.
“La verificación migratoria debe estar en manos de personal civil capacitado y supervisado por mecanismos democráticos”, señaló el organismo.
Llamado a cesar detenciones arbitrarias
Límite de 36 horas no se respeta
Otro de los puntos destacados en el pronunciamiento de la ONU fue la preocupación por el uso continuo y generalizado de la privación de libertad por motivos migratorios, práctica que afecta principalmente a migrantes en situación de vulnerabilidad.
El Comité hizo un llamado urgente a respetar el límite máximo de 36 horas de detención en estaciones migratorias, así como a poner fin a esta práctica mediante políticas públicas que prioricen la protección de derechos sobre medidas de seguridad.
Además, propuso establecer salvaguardas sólidas, como acceso a abogados, atención médica y monitoreo independiente de los centros de detención.
Críticas a la subcontratación y falta de rendición de cuentas
Empresas privadas no deben asumir tareas clave
El informe también pone énfasis en la necesidad de evitar la subcontratación de funciones migratorias a empresas privadas, un fenómeno que, según expertos, reduce la transparencia y puede generar situaciones de abuso o negligencia sin consecuencias claras.
La ONU instó al gobierno mexicano a fortalecer los mecanismos nacionales de supervisión y rendición de cuentas, con participación activa de la sociedad civil, organizaciones independientes y organismos internacionales.
¿Militarización o protección? El debate en México
Entre la seguridad y los derechos humanos
La militarización de la migración ha sido una política creciente en México durante los últimos años, impulsada tanto por acuerdos bilaterales con Estados Unidos como por una visión de control territorial. Sin embargo, defensores de derechos humanos aseguran que esta estrategia no ha resuelto los problemas estructurales y, por el contrario, ha criminalizado a las personas migrantes.
Diversos informes de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional han documentado abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza durante operativos migratorios.
Sociedad civil exige enfoque humanitario
Propuesta: políticas basadas en derechos
Frente a este escenario, diversas organizaciones en México y Centroamérica han hecho un llamado a implementar un nuevo modelo de atención a la migración, que contemple aspectos como regularización, acceso a servicios, apoyo psicosocial y alternativas a la detención.
El enfoque de derechos humanos —afirman— debe estar en el centro de la política migratoria nacional, reconociendo a las personas migrantes no como amenazas, sino como sujetos de derechos con necesidades legítimas de protección.
Conclusión: entre la presión internacional y la seguridad nacional
El llamado de la ONU marca un punto de inflexión en la discusión sobre la militarización de la migración en México. Mientras el gobierno defiende su estrategia como necesaria para la seguridad nacional, organismos internacionales y defensores de derechos humanos insisten en que esta práctica pone en riesgo los derechos fundamentales y desvía la atención de las verdaderas causas del fenómeno migratorio.
La respuesta del Estado mexicano será crucial para determinar si el país avanzará hacia un modelo migratorio basado en la protección y los derechos humanos, o si continuará reforzando una lógica de contención y control.
💬 Déjanos tu comentario, comparte esta noticia y mantente informado en Orus Media.