Jair FigueroaPor primera vez en la historia, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tras considerar que existen indicios de una práctica sistemática de desapariciones forzadas en México.
El anuncio se realizó el 21 de octubre de 2025 durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, generando una respuesta inmediata del gobierno mexicano, que calificó la decisión como “desproporcionada” y “fuera del espíritu de cooperación internacional”.
¿Qué establece el Artículo 34 y por qué es relevante?
De acuerdo con la Convención Internacional, el Artículo 34 puede ser activado cuando el Comité recibe información bien fundamentada que demuestre la existencia de desapariciones forzadas practicadas de manera generalizada o sistemática.
Este procedimiento especial faculta al Comité para llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, solicitar información al Estado involucrado y recomendar medidas de carácter urgente para atender la situación.
En este caso, el Comité determinó que los datos aportados por organismos civiles, familiares de víctimas y organismos internacionales son suficientes para considerar a México bajo escrutinio especial.
Reacción del gobierno mexicano
Durante su intervención ante la Tercera Comisión de la ONU, el embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente de México, manifestó que el gobierno “no comparte” la decisión del Comité y que ésta “desvirtúa el espíritu de la Convención”, al aplicar un mecanismo que, según afirmó, “solo debe utilizarse en casos excepcionales”.
Vasconcelos sostuvo que México mantiene su cooperación internacional en materia de derechos humanos y ha fortalecido sus mecanismos internos de búsqueda y atención a víctimas, aunque reconoció que los desafíos persisten en distintas entidades del país.
Contexto internacional y antecedentes
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue adoptada por la ONU en 2006 y ratificada por México en 2008. El tratado obliga a los Estados a tipificar la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.
Desde entonces, México ha sido señalado en múltiples informes internacionales por la impunidad estructural y la falta de resultados efectivos en la búsqueda de más de 134 mil personas desaparecidas registradas oficialmente.
Críticas de Amnistía Internacional y sociedad civil
Tras conocerse la decisión del Comité, Amnistía Internacional México señaló que el activamiento del Artículo 34 “confirma lo que las familias de las víctimas han denunciado por años: que la desaparición forzada en México es una práctica extendida y tolerada por el Estado”.
La organización recordó que “la desaparición de casi 134 mil personas no es normal” y que la búsqueda ha recaído principalmente en las familias, en su mayoría mujeres, que “han enfrentado indiferencia, criminalización y falta de resultados”.
Amnistía exhortó al gobierno mexicano a mantener su apertura al escrutinio internacional, reconocer la gravedad de la crisis y reforzar las investigaciones federales y estatales con independencia y transparencia.
Implicaciones para México
La activación del Artículo 34 marca un precedente sin precedentes para América Latina, ya que México es el primer país del continente en ser sometido a este mecanismo.
Expertos en derecho internacional advierten que el procedimiento puede derivar en observaciones formales ante el Consejo de Derechos Humanos e incluso en acciones diplomáticas multilaterales, dependiendo del nivel de colaboración del Estado mexicano.
Organismos nacionales de derechos humanos han pedido que esta decisión sea tomada como una oportunidad para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda y garantizar verdad y justicia a las familias que siguen buscando a sus seres queridos.
Un desafío de Estado
La crisis de desapariciones forzadas en México ha sido calificada por la ONU como una “emergencia humanitaria de larga duración”. Pese a los avances en la creación de comisiones y centros de identificación, las cifras se mantienen altas y los casos sin resolver siguen creciendo.
Analistas coinciden en que la decisión del Comité incrementa la presión internacional sobre el gobierno federal, especialmente de cara a los compromisos asumidos en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional.
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