Francisco IbañezEn un acto que pasará a la historia no por su virtud sino por su peligrosa ambigüedad, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo general una nueva reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que permitiría al gobierno intervenir cualquier medio de comunicación (ya sea tradicional o digital) con el argumento de “prevenir delitos”.
A primera vista, la narrativa oficial parece convincente: dotar al Estado de herramientas para combatir la delincuencia, hacer más eficiente la persecución del crimen y blindar a la nación ante amenazas tecnológicas. Sin embargo, detrás del discurso de seguridad, se esconde una intención inquietante: el debilitamiento progresivo del marco legal que protege nuestras libertades individuales y colectivas.
Bajo la nueva redacción legislativa, se autoriza al gobierno a interceptar comunicaciones sin orden judicial en “casos urgentes” o por “razones de seguridad nacional”. ¿Quién determina qué es urgente? ¿Quién define qué representa una amenaza a la seguridad nacional? El margen de discrecionalidad es tan amplio que convierte a esta legislación en una herramienta potencialmente autoritaria.
México, como Estado constitucional de derecho, ha luchado durante décadas por consolidar una democracia donde el poder público se somete a los límites legales y donde los derechos fundamentales son piedra angular del sistema. La privacidad de las comunicaciones, garantizada por el Artículo 16 de la Constitución, no es un lujo ni un capricho liberal: es un derecho humano.
Aceptar que el gobierno pueda intervenir llamadas, mensajes, correos electrónicos o redes sociales sin autorización judicial es abrir la puerta a una vigilancia generalizada, sin contrapesos ni transparencia. Es legalizar la sospecha como norma y la invasión como instrumento de política pública.
¿Y si el siguiente paso es utilizar esta facultad para silenciar disidentes, espiar periodistas o controlar la opinión pública? La historia latinoamericana está repleta de ejemplos donde la seguridad nacional se usó como excusa para oprimir a la ciudadanía. Esta reforma, más que protegernos, nos expone a un Estado que se cree con el derecho de mirar por encima del hombro a cada ciudadano.
En lugar de fortalecer a las instituciones de justicia, se debilitan los cauces legales. En lugar de garantizar derechos, se multiplican las excepciones. En lugar de cuidar la democracia, se normaliza el autoritarismo.
Es momento de que los ciudadanos, medios de comunicación, universidades, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos levanten la voz. No se trata de estar en contra de la seguridad: se trata de exigir que el combate al delito se haga sin aniquilar las libertades.
México no necesita más control estatal disfrazado de ley. Necesita más justicia, más legalidad y más respeto por la dignidad humana. Que el miedo no nos haga ceder lo que tanto nos ha costado conquistar.