Jair FigueroaLa vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, aclaró que el nuevo marco jurídico no establece castigos contra agricultores por construir bordos, tomar agua de ríos o moverla para riego, desmintiendo así una de las principales preocupaciones difundidas por grupos opositores a la reforma.
La legisladora aseguró que el dictamen aprobado protege a los productores, al confirmar que prácticas históricas del campo seguirán permitidas siempre que se realicen dentro de la concesión correspondiente. Agregó que la normativa no está diseñada para obstaculizar el trabajo agrícola, sino para ordenar el uso del recurso y evitar abusos.
Herencia de concesiones y venta de tierras con agua quedan garantizadas
Uno de los puntos más esperados por los productores era la certidumbre sobre la herencia del derecho al agua. Jiménez Godoy detalló que la nueva ley reconoce explícitamente que las concesiones pueden heredarse sin restricciones, garantizando la continuidad de las actividades agrícolas familiares.
También confirmó que la venta de propiedades incluye automáticamente el título de concesión, evitando que se comercialicen tierras sin acceso al agua, una situación que antes generaba conflictos legales y pérdidas económicas para familias campesinas.
“Vender una parcela sin agua no tendría sentido, por eso quedó claramente establecido que la concesión acompaña a la propiedad”, subrayó la diputada.
El agua deja de ser mercancía: nuevo Registro Nacional
La legisladora destacó que la reforma incorpora la creación del Registro Público Nacional de Agua, una plataforma que transparentará las concesiones, usos y vigencias, con el fin de evitar la concentración privada del líquido o la acumulación de permisos irregulares.
Aseguró que la norma no busca convertir al agua en mercancía, sino garantizar su disponibilidad para el bienestar público:
“Nunca más se verá al agua como una mercancía; este sistema coloca en el centro a las comunidades y a los pueblos productores”.
Sanciones serán solo para abusos, no para productores
Jiménez Godoy respondió a las críticas de sectores que acusan que la ley “criminaliza el campo” y explicó que las sanciones están dirigidas exclusivamente a quienes incurran en abuso de poder político o económico, como ocurrió en casos de acaparamiento masivo del líquido.
Indicó que las multas y penalizaciones aplicarán a quienes desvíen recursos fuera de su concesión, roben agua o la utilicen para fines no autorizados, afectando a comunidades que dependen del suministro.
Postura del Senado: productores pueden presentar iniciativas
El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, abrió la puerta al diálogo con los productores inconformes. Señaló que los agricultores pueden presentar iniciativas formales para atender sus demandas específicas, aunque evitó comprometer públicamente un respaldo automático.
“Si redactan una propuesta, con gusto la recibimos, escuchamos y valoramos si puede presentarse”, dijo el senador, al enfatizar que hasta ahora no se han recibido documentos formales.
Asimismo, recomendó que los productores se reúnan con el senador Ricardo Monreal para profundizar en los alcances de la reforma, pues ―según dijo— no conoce con precisión las reservas planteadas por el sector.
Conagua: se prioriza el derecho humano sobre el uso comercial
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, subrayó que la reforma tiene como eje central garantizar el derecho humano al agua, colocando el acceso público por encima de intereses particulares o industriales.
En entrevista para televisión, señaló que la actualización legislativa es resultado de mesas de diálogo realizadas desde hace meses y que incorpora medidas contra el robo, acaparamiento y distribución irregular del recurso.
“El descontento se explica porque existen campañas impulsadas por quienes históricamente controlaban grandes volúmenes de agua. La ley ahora revisa concesiones irregulares y sanciona el acaparamiento”, declaró.
Habrá cárcel para funcionarios que entreguen concesiones ilegales
Morales López detalló que la reforma también castiga la corrupción institucional, incluyendo penas de prisión para servidores públicos que entreguen concesiones irregulares a beneficiarios privados.
Dijo que el objetivo es impedir redes de tráfico de permisos y garantizar que el acceso al agua se distribuya bajo criterios de equidad y justicia social.
Con la aprobación del nuevo dictamen, el Gobierno federal asegura que la Ley General de Aguas fortalece el derecho humano al recurso, brinda certidumbre al campo, previene abusos y moderniza el marco legal, mientras productores piden continuar el diálogo para afinar detalles pendientes.
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